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26 de enero de 2015

Desunión Regional III


Humberto Carrión
(Doctor en Derecho, LL.M.)


CAUSAS HISTÓRICAS DE LA DESUNIÓN EN CENTROAMÉRCIADESDE LA CONQUISTA HASTA MEDIADOS DEL SIGLO XXPARTE III


LAS LUCHAS POLÍTICAS DESPUÉS DE LA INDEPENDENCIA



Rutas marítimas de España en las Américas
 S. XVIII - XIX
  

Las vicisitudes de la independencia y la anarquía que siguió

La declaración de independencia del 15 de septiembre de 1821 no cambió nada en Centroamérica, excepto la independencia política de España. Las autoridades continuaron siendo las mismas, incluyendo a los peninsulares. Dos meses después de la Declaración de Independencia, Agustín Iturbide, de México, le envió a la Junta Provisional de Guatemala una oferta de anexión a su país y tropas a la frontera para respaldarla. El Congreso que decidiría el futuro de la ex Capitanía General no se había constituido, y la anexión fue declarada en Guatemala el 5 de enero de 1822,  para ser disuelta el año siguiente cuando los liberales y las tropas republicanas en México derrocaron al Emperador Agustín I.  

Congreso Centroamericano fue convocado con un representante por cada 15 mil habitantes electos en conformidad con las disposiciones de la Constitución de Cádiz. Los representantes de Guatemala obtuvieron más del 50 por ciento de los votos en el Congreso y éste se organizó como Asamblea Constituyente el 24 de junio de 1823. El 1º de julio la Asamblea decretó la independencia de la región de toda dominación extranjera, y 16 meses después promulgó la Constitución de la República Federal de Centroamérica. Este instrumento fue el resultado de un compromiso entre liberales y conservadores y entre la Ciudad de Guatemala y las ex provincias, con la intención de reconciliar distintas aspiraciones económicas y políticas. La asamblea constituyente cerró sus sesiones en enero de 1825; en febrero se constituyó el primer congreso federal en la Ciudad de Guatemala (no se creó un distrito federal); y en abril los partidos políticos acordaron elegir a Manual José Arce como el primer presidente de la Federación.

Poco después los liberales y los representantes de las ex provincias acusaron a Arce de ser aliado de los conservadores de Guatemala. Para los gobiernos liberales de Honduras, El Salvador y la misma Guatemala --distinto del gobierno federal--, esto significaba que los conservadores de la capital tenían la intención de gobernar la vida política y social de la región como lo habían hecho durante la colonia. La guerra civil estalló en marzo de 1827, y exceptuando Costa Rica, el fenómeno del localismo en los nuevos estados dió origen a una pugna por la supremacía entre las ciudades principales. En otros casos la pugna se refirió a un conflicto de intereses entre los grupos sociales que integraban los dos partidos políticos.

La oligarquía de Guatemala y de los nuevos estados quisieron consolidar su propia posición económica y política con la independencia, pero los anteriores funcionarios españoles, el clero alto y la minoría criolla no estuvieron en grado de organizar el estado. Los liberales tampoco pudieron organizar establemente la federación alrededor de las nuevas instituciones. La anarquía que siguió tuvo como origen la ausencia de una economía fuerte y extensa puesto que durante la colonia no se había creado una estructura económica sólida, ni habían surgido grupos sociales con intereses económicos compartidos que aseguraran la estabilidad política.

Un tiempo después del estallido de la guerra civil los conservadores controlaron el gobierno federal y los estados de Guatemala y Honduras. En abril de 1829 fueron retomados por lo liberales, y en 1830 Francisco Morazán se erigió en presidente de la federación, inaugurando un régimen que tenía como objetivo la erradicación de las instituciones coloniales. La reacción de la oligarquía guatemalteca y de la Iglesia se sintió en 1837 cuando la insurrección de Rafael Carrera estimuló a los conservadores en toda la región para desafiar con impunidad al gobierno federal. Debido a la situación caótica en Guatemala, y porque Nicaragua y Honduras estaban de nuevo en manos de los conservadores, el Congreso Federal --en El Salvador desde 1834-- decretó, en mayo de 1838, que los estados quedaban libres de organizarse como consideraran conveniente, salvando la forma republicana de gobierno.

Después de la disolución de la federación tropas de Honduras y Nicaragua invadieron El Salvador, controlado por los liberales, pero fue Carrera, que había ocupado la Ciudad de Guatemala en abril de 1839, quien derrotó a Morazán definitivamente en el mes de marzo de 1840. El resultado fue la restauración del orden colonial en la región durante 30 años, con la supervisión de Carrera. El reducido número de comerciantes tradicionales y latifundistas crearon nuevamente un obstáculo al desarrollo de un sistema económico dinámico, y los gobiernos se inclinaron hacia el autoritarismo recurriendo en toda su extensión a la figura del caudillo.

El caudillo era un líder de cualquier facción política que luchaba por el poder en base a su personalidad. Cuando conquistaba el gobierno llenaba la administración pública con sus seguidores, y persistía en él hasta que la oposición lo echaba a balazos. En algunos casos, por "razones de seguridad", los caudillos fuertes intervenían en los asuntos internos de los países vecinos para instalar o mantener en el poder a gobiernos amigos. Así se evitaban las conspiraciones desde el exterior de opositores y exiliados.

Un paréntesis obligado sobre Nicaragua

En Nicaragua los acontecimientos tomaron un rumbo un tanto diferente por la rivalidad permanente y bizarra entre León y Granada donde la oligarquía de cada ciudad se identificó a muerte con un partido. Los liberales y los conservadores crearon núcleos locales y zonales de poder económico y social contrapuestos --liberales en León y sus aliados, y conservadores en Granada y sus aliados-- sin que el uno pudiese imponerse definitivamente sobre el otro. La enésima guerra civil que comenzó en 1854 y que terminó en 1857 con la guerra contra William Walker tuvo como consecuencias el desgaste de la nación, el desprestigio y la debilidad política de los liberales --por haber traído a los filibusteros--, el gobierno de Tomás Martínez por 10 años , y los llamados 30 años conservadores

Un historiador nicaragüense nos relata que "Martínez recibió el país incendiado, robado, salpicado de sangre y desmoralizado por la anarquía de más de treinta años, y últimamente por la destructora mano del filibusterismo. Sin crédito en el exterior, sin buenas relaciones con los gobiernos [vecinos]; abrumado de reclamos, amagado de expediciones vandálicas, sin rentas, sin constitución, sin leyes análogas [a la de otros países de la región], sin caminos, más que estrechas y peligrosas sendas, y en fin, sin comercio y sin agricultura" (Jerónimo Pérez, 1928). 

En este cuadro desolador se enmarca el primer intento de nuestra historia republicana de reconciliar la nación, con la creación y respeto de leyes e instituciones. Tomás Martínez se había distinguido como jefe militar al lado de las fuerzas conservadoras, e igualmente se distinguió como jefe del gobierno, nombrando a sus ministros y escogiendo a sus asesores por su visión, capacidad, integridad y deseos de contribuir con el bien del país. Ese gobierno fue tolerado --no había alternativa-- por los liberales de Máximo Jerez hasta 1863, cuando éste se levantó en armas con la atávica intención de desalojar del gobierno al equipo contrario. Jerez no tuvo éxito en su empresa; le correspondió a José Santos Zelaya, 30 años más tarde, comenzar la revolución liberal con un desfase de 15 años en relación con El Salvador, 20  en relación con Guatemala y 40 con México. Esa era en Nicaragua la izquierda de la época --reformadores--, y con la intención de modernizar el país y desarrollar mejor sus recursos naturales actuaron en conformidad con nuestro modo de ser, interpretando y representando a su modo la experiencia traumática de la nación.




Costa Rica, un modelo diferente de desarrollo

La historia de Costa Rica es distinta. Hubo desigualdades sociales durante la colonia, pero un sistema de latifundios no se desarrolló por la escasés de fuerza de trabajo nativa. Además, e igualmente importante, con posterioridad a la independencia el ayuntamiento de San José ordenó la distribución de tierras gratuitamente o a precios bajos a quienes no tenían.

El localismo y las diferencias políticas no eran intensas en ese país y se mantuvo relativamente pacífico. Estando en el extremo sur de la región, su política exterior se caracterizó por mantenerse aislada del resto de los estados centroamericanos para evitar su turbulencia.  Hacia los 1840 la administración de Braulio Carrillo, buscando un producto de exportación rentable para reorganizar la economía de la nación, promovió el cultivo del café, continuando con la práctica de distribución de la tierra en términos concesionales, y proveyendo financiamiento por medio del capital inglés.

Estos procedimientos fueron repetidos por las administraciones que siguieron, y los productores y comerciantes más grandes consolidaron su poder político en pocas décadas. La demanda del café en Inglaterra y en el mercado británico permitió que los productores se unieran y que organizaran el estado en favor de la producción y exportación de esa mercancía.

Como adición al régimen de tenencia de la tierra en Costa Rica, que permitió la existencia de una extensa y vigorosa clase media rural, las fincas eran trabajadas por sus propietarios, sus familiares y por trabajadores totalmente asalariados. Eso fue una consecuencia de la escasa población y de su homogeneidad étnica. Según José Luis Vega, el resultado del sistema de producción y de comercialización del café fue la creación de un capitalismo agrario vinculado al mercado internacional a través de Inglaterra, y dominado por un grupo de productores y exportadores, quienes sin embargo sentaron las bases de la modernización y de la democratización del país.


La diplomacia de Inglaterra y de los Estados Unidos en el área

El vacío dejado por España en Centroamérica desde 1821 fue llenado rápida y agresivamente por la diplomacia inglesa, interesada en los recursos naturales del área y en su posición geográfica --el canal interoceánico. En 1824 el Congreso Federal autorizó un empréstito con la Barclay, Herring, Richardson & Co. de Londres para sufragar los gastos de la administración federal. Poco después el gobierno no estuvo en grado de pagar los intereses ni el capital, y cuando la federación se disolvió, cada estado por separado asumió una parte de la deuda. Esta y otras deudas contraídas con Inglaterra aseguraron la influencia económica británica en la región. 

Paradójicamente, de 1840 en adelante la expansión de la industria textil inglesa y la demanda por los colorantes naturales permitió la restauración del régimen económico colonial --de los latifundistas y comerciantes tradicionales-- en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. La cochinilla (colorante rojo de origen animal) fue el vehículo que permitió la restauración en Guatemala, y el índigo (colorante azul de origen vegetal) en El Salvador. En Honduras y Nicaragua fue la ganadería, que se exportaba a los países productores de los colorantes para alimentar a su población, ya que tanto la hacienda como muchos indios y mestizos minifundistas se dedicaron a producirlos. Las cosechas eran vendidas a los propietarios de haciendas que también producían la materia prima, la procesaban y a su vez la revendían a los comerciantes de las ciudades. En fin, estos últimos le vendían el producto a los compradores ingleses, regulaban el precio y le otorgaban crédito a los productores.

Como los comerciantes centroamericanos no eran propietarios de líneas navieras, casi toda la exportación de los colorantes se hacía por Belice vía Guatemala. El puerto de Belice --inglés-- fue el único considerable para el comercio exterior hasta mediados del siglo XIX. A pesar de las actividades económicas referidas, la mayoría de la población quedó sumergida en la agricultura de subsistencia, y las necesidades de mano de obra para producir los colorantes en las haciendas se satisfacían con métodos coloniales --extra monetarios.

Por su parte, el agente diplomático inglés Frederick Chatfield y el estadounidense Ephraim George Squier, desde 1834 y 1849 respectivamente, trataron de lograr concesiones comerciales favorables para sus naciones y garantías de los gobiernos centroamericanos. Para estos fines Chatfield se alió en última instancia con los conservadores mientras que Squier lo hizo con los liberales, y apoyó la idea de la federación. 

Squier dirigió sus esfuerzos diplomáticos a tratar de poner bajo la esfera de influencia de los Estados Unidos a Honduras, El Salvador y Nicaragua, que se encontraban gobernados por los liberales, promoviendo en ellos sentimientos anti británicos. En una nota al Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, Squier escribió que "es el deseo de mi Gobierno que alguna consolidación de estos estados se lleve a efecto para resistir mejor la injerencia y contrarrestar los diseños de potencias extranjeras hostiles." (Traducido de la obra de Graham H. Stuart y James L. Tigner, Latin America and the United States, 1975). La reacción británica fue oponerse a la influencia estadounidense, y Chatfield estrechó las relaciones de su país con Guatemala y Costa Rica para evitar que se reconstituyera la federación. 

Fue en relación con la obtención de concesiones y otros derechos para construir un canal por Nicaragua, y en relación con la Doctrina Monroe, que los Estados Unidos e Inglaterra antagonizaron en Centroamérica.  Este antagonismo fue superado en parte con el Tratado Clayton-Bulwer de mediados de 1850, en el que sin la participación del gobierno de Nicaragua, quedaron consignados los intereses conjuntos de esas potencias sobre un futuro canal interoceáncio que uniera el Atlántico con el Pacífico.

Por otro lado, desde que Ephraim G. Squier llegó a Centroamérica obtuvo del gobierno de Nicaragua una concesión para inversionistas de Nueva York, dirigidos por Cornelius Vandelbilt,  para operar una línea de vapores en el Río San Juan y el Lago de Granada. Un corto viaje en diligencia en el istmo de Rivas hacia la costa del Pacífico completaba la ruta interoceánica de Nueva York a San Francisco. La compañía comenzó sus actividades en 1851.  En junio de 1855 los filibusteros desembarcaron en El Realejo capitaneados por William Walker, contratados por los liberales para combatir a los conservadores. Walker buscaba constituir un estado federal en Centroamérica basado en su propia fuerza militar y donde gobernaría como dictador (Karnes, 1976). Para esto recibió financiamiento de dos de los socios de Vanderbilt, quienes le querían arrebatar al comodoro la Compañía Accesoria del Tránsito.  


La ruta por Nicaragua a mediados del S. XIX


La población de los Estados Unidos veía con interés y simpatía la aventura de Walker ya que el control de Nicaragua por un estadounidense significaba un contrapeso a la penetración inglesa en el extremo oriental de la ruta interoceánica. Ya desde 1834, con la llegada del agente diplomático Chatfield, los ingleses habían extendido su presencia en la Costa Atlántica con la diplomacia de las cañoneras, y el gobierno del presidente Franklin Pierce de los Estados Unidos, no hizo nada para detener a los filibusteros. Los ingleses y  Cornelius Vanderbilt apoyaron a Costa Rica en la guerra contra Walker; Guatemala, Honduras y El Salvador también enviaron tropas para unirse a las de Costa Rica puesto que estaban unidos con los nicaragüenses en evitar que los planes de los filibusteros se hicieran realidad.

Cuando en 1855 una compañía estadounidense terminó de construir el ferrocarril que atravesaba el istmo de Panamá, las actividades de exportación e importación de Centroamérica pasaron del Atlántico a las costas del Pacífico, más cerca de las ciudades y de las zonas rurales de producción. Las rutas de mulas fueron sustituidas por las de carretas, y los puertos eran visitados por buques estadounidenses y británicos, conectándolos con los mercados de Europa vía Panamá.

A pesar del declive de Belice como puerto, Gran Bretaña siguió siendo el principal consumidor de materias primas y  el mayor proveedor de manufacturas en la región. Sin embargo, a finales de los 1850 la introducción de colorantes químicos rojos en la industria textil inglesa volvió irrelevante la cochinilla guatemalteca como producto de exportación.  El café fue por fin la siguiente mercancía a exportarse, y el gobierno conservador trató de promoverlo, aunque el resultado fue restringido por el carácter colonial de su  modo de producción.  En El Salvador sucedió algo similar posteriormente, cuando el índigo o añil (colorante azul) fue reemplazado en el mercado internacional por el colorante artificial.  


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Vídeo sobre el origen de las guerras en Centroamérica
depués de lndependencia de España




21 de enero de 2015

Desunión Regional II


Humberto Carrión
(Doctor en Derecho, LL.M.)


CAUSAS HISTÓRICAS DE LA DESUNIÓN EN CENTROAMÉRCIA

DESDE LA CONQUISTA HASTA MEDIADOS DEL SIGLO XXPARTE II


LAS RELACIONES SOCIO-ECONÓMICAS
DURANTE LA COLONIA



División de territorios entre España y Portugal:
Tratado de Tordesillas de 1494



Conquista y colonización

Cuando en el siglo XVI Cristóbal Colón y los conquistadores hicieron que Centroamérica fuera conocida en el Viejo Mundo, estaba poblada por grupos étnicos con lenguas y culturas distintas, pero la mayoría de ellos conformaban una extensa unidad cultural conocida ahora como la Civilización Mesoamericana. Las zonas más pobladas se encontraban en el occidente de la región, y para todos los efectos la conquista terminó hacia 1540.


El encuentro


La Conquista


Desde la segunda mitad del siglo XV las naciones marítimas europeas del Atlántico y del Mediterráneo estaban urgidas de oro y plata para equilibrar sus balanzas comerciales con el Cercano Oriente, así como y de encontrar una ruta marítima alternativa a la controlada por el Imperio Otomano en el Mediterráneo Oriental. La Europa mercantilista se encontraba escasa de oro y plata y consideraba la posesión de esos metales como la piedra angular del éxito de los individuos y de las naciones. En este sentido la política española en las tierras conquistadas fue transformarlas en colonias autosuficientes, que a su vez produjeran un excedente de metales preciosos. Como los ambiciosos conquistadores no encontraron oro y plata en abundancia en el área centroamericana, sus esfuerzos fueron dirigidos a la acumulación de tierras y mano de obra gratuita y abundante.

Para lograr ese objetivo el sometimiento de los indígenas pasó por distintas etapas: la derrota militar, la apropiación de sus tierras, la explotación, la supresión de las insurrecciones y la sujeción ideológica. Los indios fueron inicialmente reducidos a la esclavitud, y después, por la institución de la encomienda, a la condición de siervos y tributarios de los conquistadores, de la corona y de la Iglesia respectivamente. También tenían que proveer trabajo gratuito para la construcción de edificios en las ciudades, caminos y otras obras públicas y privadas. Posteriormente la encomienda fue sustituida por el repartimiento, que regulaba el trabajo periódico, forzado y semigratuito de los indios entre los 16 y los 60 años de edad. Para esto y para recaudar mejor los tributos mencionados, la población nativa fue concentrada en pueblos, generalmente cerca de las haciendas, con suficientes tierras comunales para proveer por su subsistencia.

En Costa Rica la población precolombina era mucho menos numerosa que en las otras provincias, y los conquistadores la aniquilaron o la desplazaron de la meseta central, donde se asentaron los españoles. Una sociedad más igualitaria se comenzó a formar ahí en comparación con las vecinas provincias del norte, pero en todas las provincias en general, las guerras de conquista, la exportación de esclavos a centros mineros distantes como Panamá y Perú, las epidemias causadas por enfermedades desconocidas para los indígenas y el trabajo forzado, redujeron tanto a la población nativa, que la Corona permitió la importación de esclavos negros después de 1542 para complementar la mano de obra local. Fue hasta alrededor de 1770 que la región en su conjunto recuperó el nivel original de habitantes --800 mil aproximadamente-- aunque compuestos de manera distinta (Díaz Chávez, 1972).

Además de alguna actividad minera en Honduras y Nicaragua, Centroamérica producía cochinilla e índigo --colorantes naturales para telas--, cacao, tabaco, cueros, madera, tejidos artesanales y otros productos para la metrópolis. Sin embargo, una economía comercial fue establecida solo de manera débil y fluctuante, y con un carácter complementario. Las colonias eran autosuficientes en tiempos de depresión y se convertían en un instrumento agrícola comercial en tiempos de exportación. En este caso dependían de los pueblos indígenas para la producción de alimentos. Estos pueblos proveían mano de obra y alimentos al sistema comercial puesto que la hacienda no explotaba intensivamente sus vastas extensiones. Solo algunas zonas de la misma eran dedicadas a los cultivos y otras más amplias a la ganadería extensiva. 

La totalidad del comercio exterior de Centroamérica estaba reservado para España, la que solo permitía la producción de mercancías que no compitiera con las propias. Esta política evitó el crecimiento económico sostenido de las colonias. Además, España misma no estuvo en grado de conformar una clase media numerosa y próspera, puesto que utilizó el oro y la plata extraída en América para financiar sus guerras y para pagar por las manufacturas importadas, que a su vez exportaba a sus territorios de ultramar. Así contribuyó paradójicamente con el desarrollo de las economías italiana, alemana y flamenca. Cuando a mediados del siglo XVII las vetas de oro comenzaron a agotarse y el flujo de los metales preciosos disminuyó, la estructura financiera de la Corona colapsó.

El monopolio del comercio hizo que Holanda, Francia, e Inglaterra, los mayores rivales económicos y políticos de España, recurrieran al contrabando y a la piratería para incrementar su actividad comercial en Centroamérica y el Caribe. Esas naciones ofrecían manufacturas a los comerciantes criollos a cambio de materias primas y de capital, o simplemente lo tomaban de las naves españolas por asalto. El contrabando en las provincias aumentó como consecuencia de la escasa relación comercial con España, especialmente después de la derrota de la Armada Invencible en 1588, y desde mediados del siglo XVII en adelante los ingleses fueron los agentes externos más activos en el Caribe. 

Centroamérica era una colonia atrasada. La inexistencia de grandes recursos minerales y de población --en contraste con México y Perú--, y su posición geográfica distante de las principales rutas comerciales, explica su abandono, no solo por las casas comerciales sino que también por la Corona.

Entre 1641 y 1656 los ingleses ocuparon las islas de Roatán y Jamaica como bases para su comercio ilícito con Centroamérica, contando con la complicidad y participación de los funcionarios españoles. En los años 60 se asentaron en Belice como explotadores de madera, sirviendo también como base para el contrabando, y para 1680 el control de los ingleses incluía secciones extensas de la Costa Atlántica de Honduras y Nicaragua. Una España debilitada no podía hacer nada para detener esta usurpación de sus territorios.

Para extraer los recursos del área como el tributo de los indígenas, los impuestos al comercio y la fracción por metales preciosos, la corona había creado una organización compleja. En España el Consejo de Indias era el órgano legislativo, judicial y administrativo más alto después del rey. Los funcionarios políticos y judiciales más importantes en Centroamérica eran el capitán general y los miembros de la audiencia. Estos fueron establecidos en la Ciudad de Guatemala, que se convirtió en la capital para la región. A los criollos se les negó el acceso a todas las posiciones administrativas y judiciales, aunque alguna colaboración social existía entre éstos y la burocracia peninsular. Hacia finales de la década de los 50 del siglo XVI la práctica de vender los puestos en los cabildos (ayuntamientos) fue introducida por la Corona para recaudar fondos. El cabildo era la unidad territorial de gobierno más pequeña y solo ahí fueron representados los intereses de los criollos.

Las otras posiciones de la burocracia española fueron llenadas invariablemente con funcionarios de corto plazo que llegaban de la península, quienes trabajaban para la Corona y para ellos mismos sin tener un interés sincero en la prosperidad de la colonia. Una Iglesia fuerte participó en el ejercicio de la autoridad con los peninsulares, y durante los 300 años que duró el dominio de España la estructura socio-económica impuesta no cambió un gran qué. 


La Capitanía General de Guatemala durante la Colonia


Por otro lado, todos los funcionarios españoles eran nombrados en y sustituidos desde la metrópolis, y podían comunicarse directamente con las autoridades centrales en España, ignorando al capitán general. Esta autorización, y la desconfianza de la Corona de cualquier iniciativa que proviniera de sus agentes, obstruyó la administración efectiva de la región. Más aún, la topografía accidentada, la inadecuación de las vías y medios de transporte, y la distancia con la metrópolis militaron contra el establecimiento de un verdadero y eficiente sistema de gobierno. Lo mismo se puede decir en relación al Virreinato de Nueva España (México), que en teoría tenía jurisdicción sobre la Capitanía General de Guatemala (Centroamérica). La consecuencia de esta realidad fue el desarrollo del localismo con sus propios intereses, lealtades y celos, y surgieron varios centros administrativos autónomos y rivales como Santiago en Guatemala (después la Ciudad de Guatemala), León y Granada en Nicaragua, y Comayagua en Honduras. Las dificultades del transporte y de las comunicaciones, y una política imperial negligente, previnieron el establecimiento y el desarrollo de un sano comercio intrarregional, provocando un mayor aislamiento entre las provincias, particularmente de Costa Rica.


Rutas marítimas de España en las Américas en el S. XVI


Cambios en la pautas comerciales

En 1700 los Borbones accedieron al trono de España provocando la Guerra de Sucesión Española (1701-1713). Bajo los términos del tratado de Paz de Utrecht  y de otras estipulaciones ulteriores, el comercio colonial fue liberalizado hasta cierto punto. Los ingleses lograron legalizar parte de sus anteriores relaciones de contrabando, y desde 1744 se les permitió a las provincias centroamericanas el comercio directo, aunque limitado, con otras colonias hispanoamericanas como México y Perú.

El incremento relativo de las actividades comerciales permitió el surgimiento de un grupo fuerte de comerciantes criollos, sobre todo en Ciudad de Guatemala. En esa ciudad los comerciantes se aliaron con las familias latifundistas locales (también criollas), y para finales del siglo XVIII tenían ya su propio fuero --el Consulado--, que usaron como instrumento judicial, político y económico a su favor, lo que se resentía en el resto de las provincias.

A este punto la población mestiza estaba  creciendo en  las ciudades, los poblados y en el campo.  En los centros urbanos los mestizos llegaron a ser artesanos, pequeños comerciantes, profesionales, clérigos, maestros, empleados públicos menores, etc., aunque la mayoría  constituyó una multitud  desempleada.  En el campo se convirtieron en minifundistas y pequeños productores de índigo (añil) y cochinilla, granos básicos; y en peones de hacienda. A principios del siglo XIX la población mestiza y algunos negros representaban el 31.3 por ciento de la población, cuyo total alcanzaba el millón de habitantes; los indios representaban el 64.7 por ciento y eran predominantes en Guatemala;  y los criollos y los peninsulares representaban menos del 4 por ciento, siendo predominantes en Costa Rica (Luján Muñoz, 1972).

Hacia la independencia política

La dominación política y económica de España en Centroamérica tuvo como resultado el resentimiento de los criollos, mestizos e indígenas frente a las autoridades centrales, y la dominación de Guatemala en relación a las  provincias, que sufrían la discriminación de la capital y la explotación de sus comerciantes, provocó el resentimiento de éstas contra la Ciudad de Guatemala.  En términos relativos Guatemala, por medio de sus comerciantes, se había convertido en el centro financiero más grande e importante de la región.  Estos acumularon capital financiero y controlaron el comercio interprovincial y el precio de las mercancías. Este comercio estaba fuertemente tasado por las autoridades españolas en Guatemala, lo que afectaba aún más a los comerciantes de las demás  provincias.

Si a esta situación le agregamos la diseminación de las ideas liberales del siglo XVIII, el ejemplo de la independencia de los Estados Unidos de Norte América y de la Revolución Francesa, la invasión de las tropas de Napoleón y de la influencia liberal en España, y las guerras de independencia en América del Sur y México, podemos fácilmente explicar los alzamientos que se produjeron entre 1811 y 1814 en varias de las principales ciudades de la Capitanía General, como en San Salvador, León y Masaya. No fue entonces casual que las luchas por la independencia en Centroamérica fueran dirigidas por un reducido grupo de intelectuales al tanto de la situación local y de los acontecimientos internacionales.

Los hechos apenas enunciados dividieron en facciones políticas opuestas a los grupos sociales dominantes y a la clase media. Los liberales querían la independencia inmediata y las reformas de las estructuras que impedían su ascenso económico. Los conservadores se oponían a cualquier cambio sustancial que fuera más allá de la independencia. Los conservadores --los grandes comerciantes de Guatemala, los latifundistas, los burócratas peninsulares y el clero alto-- favorecieron la independencia puesto que no tuvieron alternativa y porque así convenía a sus intereses.

Después de las guerras exitosas por la independencia en el sur y en el norte de América Latina, de la secesión de la provincia de Chiapas, y de la amenaza de Agustín Iturbide, de México, de liberar por la fuerza las provincias centroamericanas, las autoridades civiles, militares, académicas y eclesiásticas, con los criollos más relevantes de la Ciudad de Guatemala proclamaron la independencia el 15 de septiembre de 1821. Con la Declaración de la Independencia los conservadores no buscaban más que la preservación del estado de cosas frente a las graves convulsiones del momento. La región no era importante para la metrópolis, y España, agotada por las guerras de independencia, no se opuso a la decisión, como lo había hecho en el resto del continente.

Los liberales estaban conformados básicamente por la clase media mestiza, criollos sin medios económicos y por intelectuales. En la situación coyuntural que se vivía, representaban las fuerzas del cambio social, político y económico en una región muy atrasada. Los liberales de la época trataron de asimilar e implementar las ideas nuevas que provenían de Europa y de los Estados Unidos.


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Vídeo sobre la Crisis del Orden Colonial 



11 de enero de 2015

Desunión Regional I


Humberto Carrión
(Doctor en Derecho, LL.M.)




CAUSAS HISTÓRICAS DE LA DESUNIÓN EN CENTROAMÉRCIA

DESDE LA CONQUISTA HASTA MEDIADOS DEL SIGLO XX (EN VII PARTES)



Centroamércia en este estudio se refiere a:
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica


ANTECEDENTES

A finales de los años 70 tuve la oportunidad de hacer una extensa investigación sobre el proceso de integración centroamericana para escribir mi tesis de maestría. Me encontraba en la Universidad de Tulane, en New Orleans, que cuenta con una de las bibliotecas especializadas sobre América Latina --y sobre Centro América y México en particular-- más completas en el mundo. Deseaba conocer a fondo el proceso por el que los países de la región centroamericana llegaron a una situación crónica de subdesarrollo y al establecimiento de dictaduras militares. Igualmente investigué las causas que diferenciaron a Costa Rica del resto de las naciones de la región.

El objetivo general fue lograr la comprensión de los fenómenos sociales, económicos, jurídicos y políticos que habían conformado nuestro modo de ser, y no tuve más alternativa que recurrir al auxilio de la historia. Sin embargo el enfoque de mi estudio fue multidisciplinario, consciente de que ese era el más adecuado para encontrar las respuestas a las preguntas que me hacía. Este ejercicio no fue meramente académico, si bien es cierto que constituyó un requisito en esa esfera.

El objetivo específico fue tener una visión clara de las limitaciones y del potencial que tenían nuestros países para integrar sus distintos intereses, comenzando con los económicos, sociales, comerciales y financieros. La conclusión a la que llegué en aquella época fue que no existían condiciones para la integración puesto que no se habían sentado las bases para ella. Toda iniciativa al respecto, desde la colonia hasta la fecha en que entregué mi estudio a las autoridades de la Universidad de Tulane en 1979, tropezó con los obstáculos que identifiqué y expliqué.

Desde 1979 en adelante las condiciones políticas y económicas en los países del área cambiaron sustancialmente, y desde 1990 se ha logrado un acercamiento de todos ellos facilitado por la homogeneidad de los intereses nacionales y de la región, por el colapso del sistema socialista soviético, y por el movimiento mundial hacia los esquemas de integración económica y comercial. Los problemas de la región hoy son otros.

En un país como Nicaragua, plagado de desastres naturales o provocados por el hombre, la motivación para contribuir con el desarrollo integral del mismo es mayor. Si el sufrimiento fortalece a la persona, un sufrimiento excesivo puede causar el efecto contrario. El reto por tanto sigue siendo muy grande y trasciende a los gobernantes; y el esfuerzo debe ser conjunto, siendo responsabilidad de todos los sectores sociales y políticos sin exclusión. Para esto se requiere un liderazgo a la altura de las circunstancias y de unos asesores que tengan una visión que vaya mucho más allá del enriquecimiento personal inmediato, del poder personal y de las siguientes elecciones presidenciales.

Hechas estas consideraciones advierto que los artículos que seguirán constituyen básicamente una traducción, síntesis y adaptación electrónica de mi tesis de la Universidad de Tulane de 1979 para optar al postgrado académico de Master of Laws (LL.M.). Los artículos fueron publicados gradualmente en un diario nacional en 1999 y cada uno de ellos tiene su propia lógica de exposición y análisis, aunque guardan una relación estrecha con los capítulos de la tesis referida. 


The Howard-Tilton Memorial Library
Tulane Law Scool in the 1970s


Comenzaré con el tema “La Evolución del Gobierno y de las Leyes en Centroamérica hasta las Reformas Liberales del Siglo XIX” en vista de los esfuerzos que se hicieron en Nicaragua entre 1990 y el 2006 para reformar, modernizar, mejorar e independizar el poder judicial, así como para consolidar el estado de derecho. Desafortunadamente desde el 2007 el avance que se había logrado en materia de independencia entre los poderes del Estado y el estado de derecho, ha sido revertido por los gobernantes actuales. 

Suprimí casi todas las citas literales, las extensas notas de los capítulos y la bibliografía de cada Parte para facilitar la lectura, en el entendido que no hay interés alguno en mí de infringir derechos de autor o de sus descendientes. A ellos va mi reconocimiento y agradecimiento, por lo que al final de la Parte VII de esta serie de escritos incluyo la totalidad de la bibliografía utilizada para la investigación; y Centroamérica aquí se refiere a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

Otra cosa. Vine a saber hace un tiempo que la Universidad de Tulane editó mi tesis en forma de libro y que se encuentra en al menos 41 bibliotecas adicionales, así como registrada en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América. Por tanto he hecho digitalizar íntegramente la tesisen inglés por supuesto, para ponerla a disposición por medio de este enlace.

Escribo esto años después de haber constatado in situ los efectos devastadores del Huracán Katrina del 2005 en New Orleans.

Por último, indico que la totalidad del estudio fue publicado en esta ciberbitácora en Agosto de 2013 en una sola entrada, pero debido a su extensión, he decidido separarla en VII partes, mejorarlo y agregar vínculos web y vídeos.

Buen provecho. 
©


PARTE I


LA EVOLUCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LAS LEYES EN CENTROAMÉRICA
HASTA LAS REFORMAS LIBERALES DEL SIGLO XIX


Consideraciones jurídicas sobre la conquista

Hacia finales del siglo XV cuando las primeras islas del Mar Caribe fueron "descubiertas" por Cristóbal Colón y su tripulación, en la tradición teocrática de la Santa Sede y de la Corona Española, Dios era el dueño de la tierra, y el Papa como su legítimo representante en el mundo la distribuía y asignaba entre los monarcas católicos aliados de la Iglesia. Estos a su vez estaban autorizados para hacer concesiones a los descubridores y a los conquistadores de nuevos territorios. Como era de esperarse, otras naciones europeas que entraron a su fase de expansión comercial posteriormente a través del Océano Atlántico --Inglaterra, Francia, Holanda--, cuestionaron el poder temporal de la Iglesia e hicieron caso omiso de la Bula del 4 de mayo de 1496 del Papa Alejandro VI. Por esa bula el Nuevo Mundo se dividió entre los Reyes de España y Portugal, otorgándoseles entonces "títulos legítimos" sobre esas tierras.


Papa Alejandro VI

Las estipulaciones relacionadas con las concesiones de tierras estaban comprendidas en acuerdos previos --Capitulaciones-- entre el monarca y los descubridores y conquistadores, y dadas las particularidades de la monarquía absoluta, se concedían privilegios y no derechos.

La conquista militar de Centroamérica comenzó en la segunda década del siglo XVI desde dos puntos geográficos opuestos: Panamá y México. La justificación teológica y jurídica de las guerras de conquista y el subsecuente dominio ejercido sobre la población indígena, la confiscación de sus propiedades, la destrucción de sus centros ceremoniales y su esclavitud, se basó en el no reconocimiento de los indios de la superioridad formal del Dios judeo-cristiano y del monarca español, y en los obstáculos que estos indígenas significaban para el "libre comercio". Las respuestas de los indios a los Requerimientos de los conquistadores fueron registrados por los escribanos, que eran los notarios de la época, y una vez cumplida esta formalidad se les podía hacer la guerra. Estas sutilezas del procedimiento y de la formalidad jurídica española eran obviadas en casos de fuerza mayor, como lo eran los ataques defensivos repentinos de los nativos contra los invasores. 

Los indios no podían ser dominados si no se les desposeía de sus fuentes de riqueza --la tierra-- y si no se les reducía a la esclavitud. La guerra fue solo un medio para llegar a su sujeción económica. La evangelización, a su modo, colaboró en la sumisión ideológica de los indígenas, tan importante para la consolidación de la conquista económica. La comprensión de la conquista como un proceso complejo en el que el fin económico fue determinante es esencial para entender la inferioridad económica, social e intelectual en que quedaron los indios --y la mayoría de los mestizos-- durante la colonia. El típico conquistador vino al Nuevo Mundo no para escapar de una persecución religiosa ni para fundar una nueva sociedad. Su intención era hacer fortuna con la esperanza de llevarla a España donde viviría como un señor.

El comercio de esclavos durante las primeras dos décadas de la conquista fue de mucho provecho para los españoles. Entre 1532 y 1542, por ejemplo, más de diez mil esclavos por año fueron exportados desde las provincias de Centroamérica. En 1535 un tercio de la población nativa había ya sido objeto de este comercio. La corona española se alarmó con la reducción de tributarios potenciales, y en vista de las posibilidades que los indios tuvieran almas que podían ser salvadas, el Rey emitió en 1542 las Leyes Nuevas que prohibieron la esclavitud de los indígenas pero permitió la de los negros, e instituyó la Encomienda como sistema que proveyó fuerza de trabajo barata a los conquistadores y colonizadores. La Encomienda constituyó una recompensa hereditaria para los conquistadores y sus descendientes por servicios prestados a la corona, y fue diseñado como un instrumento paternalista de explotación. El indio debía proveer trabajo en las haciendas y en las minas o pagar un tributo en especie a cambio de una parcela de tierra, educación e instrucción religiosa. Los indios que no eran asignados a los encomenderos eran tributarios de la corona.

Debido a los abusos en el sistema descrito --de hecho los nativos fueron tratados como siervos--, la encomienda fue sustituida con la institución del Repartimiento. De esta manera los indios fueron sacados de las haciendas y concentrados en aldeas desde donde se les obligaba a proveer su trabajo. Por ley los indios debían ser pagados, pero en realidad se desarrolló la figura del peón endeudado puesto que la mayoría de los colonizadores le cobraban a los indios los alimentos y otros artículos que consumían mientras trabajaban. Esta y otras prácticas ilegales fueron toleradas por las autoridades españolas. Los beneficios obtenidos por los colonizadores con estos arreglos laborales fueron entonces muy grandes puesto que no pagaban el trabajo en las haciendas o el pago era mínimo, y ya no tenían las obligaciones formales estipuladas en la encomienda.

Eventualmente una parte del tributo en moneda debido por los indios a la Corona fue asignado a los conquistadores, a los colonizadores y a sus descendientes. Estas concesiones fueron formalizadas por decreto real en 1574 y 1601. La introducción de la economía monetaria entre la población indígena significó que ésta tenía que producir para pagar el tributo y no solo para proveer por su subsistencia. Los indígenas se vieron obligados a vender en los mercados locales una parte de sus propias cosechas sembradas en las tierras aledañas a la aldea y asignadas para su sobrevivencia --las comunidades indígenas--, así como parte de sus tejidos artesanales.

Las Leyes de Indias emitidas por la Corona o por el Consejo de Indias en España no discriminaron al mestizo en su posibilidad de acceso a la tierra. Teóricamente la podían adquirir por medio de los procedimientos regulares, como la solicitud al Rey. Sin embargo los funcionarios coloniales y los criollos en los Cabildos obstaculizaron de manera sistemática a los mestizos aprovechando sus limitaciones económicas y culturales, favoreciendo de esta forma la difusión del latifundio. 

En una sociedad de corte aristocrático los mestizos conformaron un sector social intermedio. No estaban obligados a pagar el tributo y gozaron de una relativa libertad de movimiento. En las áreas rurales muchos mestizos lograron establecerse en pequeñas parcelas pero la mayoría de ellos buscó su sobrevivencia en el trabajo jornalero de las haciendas, donde se encontró con la figura del peón endeudado y con las relaciones de semi-servidumbre, que luego se llamarían colonato y aparcería en los códigos civiles del siglo XIX.


La espada y la cruz en la conquista de Centroamérica

El sistema judicial y el gobierno de la colonia

Originalmente los conquistadores representaron a la autoridad española en los territorios conquistados, pero las rivalidades y los celos entre ellos y el aislamiento e incomunicación por las barreras naturales --geográficas-- contribuyeron con el desorden y la confusión en la región. Fue hasta 1543 que se hizo un primer intento de unificación administrativa, política y judicial, con la constitución de una Audiencia en Comayagua (Honduras). Esta Audiencia tenía jurisdicción sobre Tabasco, Yucatán, Chiapas, América Central y Panamá, y por órdenes reales fue trasladada a Gracias a Dios en 1544; a Santiago (Guatemala) en 1548, donde perdió su jurisdicción sobre Tabasco, Yucatán y Panamá; y a Panamá en 1563. En 1568 la Audiencia fue establecida definitivamente en Guatemala con jurisdicción sobre las provincias centroamericanas y Chiapas, y ejecutó una política de beneficio a la capital y a los funcionarios peninsulares en detrimento de las provincias, creando impuestos diversos para pagar inclusive los sueldos de los funcionarios españoles.

La Audiencia era una institución colegiada y la instancia judicial más alta como tribunal de apelación en su jurisdicción. Como órgano de consulta para el Capitán General tuvo también funciones políticas y administrativas. Teóricamente la Audiencia era para el Capitán General lo que el Consejo de Indias era para el Rey, aunque en la práctica compartían todos los poderes. Esta forma de dividir la autoridad y los poderes estaba en consonancia con la desconfianza del Rey de la iniciativa de los funcionarios de la colonia.

El Capitán General era el representante directo del Rey en su jurisdicción territorial, que era la misma de la Audiencia. Tenía autoridad política y militar, y supervisaba la administración judicial, a los funcionarios del fisco y los aspectos seculares de la Iglesia. Tanto el Capitán General como la Audiencia tenían una limitada facultad legisladora. El Rey les permitió la emisión de ordenanzas de aplicación regional, aunque sujetas a la aprobación última de la Corona. En asuntos que trascendían la mera administración de rutina, el Capitán General no era más que un agente cuyo mandato consistía en ejecutar las órdenes reales.

Con el propósito de administrar la totalidad del territorio de la Capitanía General, ésta se dividió en jurisdicciones territoriales de menor dimensión llamadas Gobernaciones, Corregimientos o Alcaldías Mayores, según su importancia. Estas unidades territoriales estaban gobernadas desde el respectivo centro urbano por Gobernadores, Corregidores o Alcaldes Mayores, que estaban investidos de autoridad política, militar y judicial. Las Gobernaciones, Corregimientos y Alcaldías Mayores fueron a su vez subdivididas en Ayuntamientos --Cabildos-- si el número y la concentración de población lo ameritaba. 

Los Cabildos eran instituciones colegiadas y tenían funciones administrativas y judiciales como los otros funcionarios. Como órganos judiciales, los Cabildos sirvieron como juzgados de primera instancia en todas las materias menos las que se referían al fuero militar y eclesiástico. Dependiendo de la importancia y del monto de la causa, las veces de tribunal de apelaciones las hacía el Gobernador, el Corregidor o el Alcalde Mayor, y en fin la Audiencia, el Consejo de Indias y el Rey, en orden de ascensión. En los poblados muy pequeños y en las aldeas, los Alcaldes Ordinarios actuaban como jueces de primera instancia.

Antes del reinado de Felipe II los procedimientos judiciales en materia fiscal eran instituidos en los órganos de primera instancia por funcionarios de hacienda. Estos funcionarios eran nombrados en cada capital de jurisdicción, puertos y otras ciudades importantes. Durante el reinado de Felipe II (1556-1598) y hasta 1786, los funcionarios de hacienda tuvieron facultades judiciales para juzgar todas las causas fiscales en primera instancia. La apelación iba a la Audiencia. En 1786 fue creado en Centroamérica el sistema de Intendencias. Estas jurisdicciones territoriales fueron divididas en Partidos administrados por delegados que actuaban como jueces de primera instancia en materia fiscal. Las apelaciones iban al Intendente y posteriormente al Capitán General. Para las demás funciones administrativas y judiciales los Partidos mantuvieron la subdivisión de los Cabildos.

Si en teoría el sistema colonial de administración de justicia era centralizado, en la práctica las autoridades españolas, desde el Capitán General y el Presidente de la Audiencia hasta los jueces locales, realizaron sus funciones con un alto grado de libertad e independencia entre sí. La brecha entre lo que prescribían las leyes y su ejecución era muy profunda en la administración colonial. No solo se incumplían las disposiciones reales especiales sino que se ignoraban las reglas generales que normaban la conducta rutinaria de los funcionarios peninsulares --que invariablemente llegaban de España. Estos se unían con los funcionarios de las jurisdicciones vecinas con el fin de violar las leyes que consideraban restrictivas para sus intereses. En este contexto, el cohecho, el prevaricato y la corrupción fueron ampliamente usados por los criollos --españoles nacidos en las colonias-- para evitar que se les aplicaran leyes que los afectaban, cerrando así el círculo de una conspiración colonial que tenía como objetivo el gozo de privilegios económicos y sociales. 

Este comportamiento, combinado con el aislamiento geográfico, político y administrativo de los distintos territorios y jurisdicciones, favoreció la aparición de un fuerte localismo y el desarrollo de sistemas económicos cerrados de carácter semi-feudal. Esta fue una de las causas principales del caudillismo, de la anarquía que siguió a la declaración de independencia de España y del obstáculo a la integración de la región.

Las medidas económicas y administrativas de los Borbones

Cuando los Borbones accedieron al trono en España a principios de siglo XVIII, Felipe V recibió el estado en bancarrota. Por doscientos años las políticas económicas de sus predecesores habían sido de corte mercantilista, impidiendo el crecimiento sostenido de España y de sus colonias. Las relaciones económicas y comerciales del imperio fueron estructuradas en provecho de los mercados de Europa occidental, proveyéndolos de materias primas y de capital. España no tenía producción industrial propia y compraba las manufacturas con el oro y la plata de las colonias.

Mientras Europa entraba al Renacimiento y emergían las burguesías nacionales industriales, comerciales y financieras, España se quedó en el Medioevo con la complicidad de la Inquisición, no creó ni integró un mercado interno ni internacional y se endeudó fuertemente con banqueros europeos. Las guerras perdidas contribuyeron también con la decadencia del imperio español y con el surgimiento de potencias rivales. Los Borbones tuvieron entonces que adoptar medidas económicas para tratar de incrementar la producción y el intercambio comercial entre España y las Indias Occidentales: Reformas administrativas diseñadas para hacer más eficiente el gobierno de las colonias; reformas fiscales para aumentar la recaudación de los impuestos; y medidas militares y navales para mejorar la defensa de España y proteger sus rutas comerciales.

Las reformas para abolir las restricciones del comercio terminaron en el Acuerdo de Libre Comercio de 1778, que permitió una mayor y más directa relación comercial entre las provincias centroamericanas, España y las otras colonias españolas en América. Los impuestos de exportación fueron reducidos como incentivo a la producción, y el pesado y costoso sistema de flotas militar-mercantiles fue modificado y después abandonado. Monopolios estatales fueron establecidos sobre el tabaco y el licor para aumentar los ingresos públicos, y en 1786 la administración de las provincias fue centralizada aún más con la creación de las Intendencias. Estas unidades territoriales eran más grandes que las divisiones administrativas anteriores, y los Intendentes y sus delegados concentraron las funciones políticas, judiciales, militares y fiscales, desplazando a los Gobernadores, Corregidores y Alcaldes Mayores. Los nuevos funcionarios debían igualmente promover el desarrollo agrícola, industrial y comercial, y realizar obras públicas de infraestructura en los territorios a su cargo.

Las reformas administrativas y económicas descritas fueron introducidas en las colonias con la intención de asegurar ingresos fiscales para la defensa contra la injerencia inglesa y para prevenir el contrabando. Sin embargo este nuevo orden no contribuyó realmente con el desarrollo económico de la Capitanía General puesto que continuaron manifestándose las ineptitudes, debilidades y venalidades del orden anterior, especialmente después de la muerte de Carlos III en 1788. Como resultado, el contrabando no fue eliminado y España no fue capaz de proteger sus rutas marítimas después de la derrota naval de Trafalgar en 1805. Por otro lado, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Chiapas habían sido erigidas en intendencias, lo que profundizó la separación de las provincias con el aumento de su autonomía como centros de poder regional. Guatemala siguió siendo administrada por un Capitán General y Costa Rica estaba dividida en Partidos.

A finales del siglo XVIII toda Centroamérica se encontraba en una depresión económica generalizada, y por esta razón la corona le otorgó a los comerciantes guatemaltecos el privilegio de un propio fuero judicial --Tribunal del Consulado-- en diciembre de 1793. Con la institución del Consulado la intención fue estimular el desarrollo económico con la promoción de nuevos cultivos e industrias, la construcción de caminos y puertos, teniendo además las funciones de tribunal mercantil. Como consecuencia de este privilegio, el consulado se constituyó en un gremio con poderes judiciales y económicos que los comerciantes utilizaron para proteger y extender su hegemonía comercial en la región, especialmente controlando el precio del índigo --colorante vegetal procesado rudimentariamente--, que se producía en las provincias al sur de Guatemala.

El tribunal comenzó sus operaciones en abril de 1794 en la Ciudad de Guatemala y delegados consulares fueron nombrados para representarlo en los puertos y otros centros comerciales --16 en total. El Consulado, que era una institución colegiada, y sus delegados, actuaban como juzgados de primera instancia. Las apelaciones iban a la Audiencia y después al Consejo de Indias si los casos juzgados eran mayores de un mil pesos. Donde no había delegado consular el litigio mercantil era escuchado y procesado ante los jueces ordinarios de primera instancia, es decir, o en los Cabildos o ante los Alcaldes Ordinarios.

La legislación mercantil aplicada para los asuntos del comercio terrestre y marítimo era la comprendida en las Ordenanzas de Bilbao, revisadas en 1814 y de nuevo en 1818. En todo caso, la jurisdicción del consulado no era bien vista por los propietarios de tierra quienes resentían tener que presentarse ante un delegado consular cuando la causa involucraba a un comerciante y a un latifundista. De esta manera los procesos consulares sufrían tensiones y dilaciones, particularmente en las provincias, donde los propietarios de tierra tenían más influencia y poder que los comerciantes. La Corona sin embargo se reservó la potestad de juzgar las relaciones mercantiles derivadas del comercio entre España y las colonias por medio de la Casa de Contratación de Sevilla.


Carlos III de Borbón

Las reformas liberales y su impacto en la región

1. Los antecedentes constitucionales 

Cuando Agustín Iturbide propuso la unión de México con Centroamérica para formar un imperio unas semanas después de la Declaración de Independencia en 1821, la Junta Provisional de Guatemala decidió consultar con los cabildos de la anterior Capitanía General. Cuando el 57 por ciento de los 237 cabildos consintieron, la junta de Guatemala declaró la anexión a México que resultó de corta vida. Los criollos en las provincias desearon la anexión para evitar la guerra y para lograr un mayor autogobierno frente a Guatemala. Los criollos de la capital desearon la anexión porque el Plan de Iguala de Iturbide proponía la formación de un imperio conservador regido por un Borbón. Incidentalmente, otra de las razones por las que los conservadores de Guatemala favorecieron la independencia fue debido a que España estaba bajo control republicano. Por otro lado, la amenaza de una guerra con México era real. Los dos centros urbanos más importantes de El Salvador, San Salvador y Santa Ana, fueron obligados por tropas mexicanas enviadas por Iturbide a aceptar la anexión después que los criollos de Guatemala la proclamaron en enero de 1822.

Con posterioridad a la separación de México, el Congreso Centroamericano que se instituyó como Asamblea Constituyente a mediados de 1823, fue electo de acuerdo con la Constitución de Cádiz de 1812 que ya presentaba la influencia liberal francesa. Este instrumento jurídico-político estableció un sistema indirecto de elecciones, y los candidatos al congreso fueron electos de acuerdo a su sexo, edad, educación y medios económicos (propiedad o nivel de ingresos). Como resultado, la asamblea constituyente fue integrada por comerciantes criollos y latifundistas, clérigos y miembros de una educada y relativamente acomodada clase media conformada por criollos y mestizos.

Los liberales querían la transformación de las estructuras que les habían impedido su ascenso económico y social durante la colonia, y presionaron a favor de la democracia política, libertades individuales, la separación entre los poderes del estado, igualdad ante la ley, instrucción pública, restricciones al poder temporal de la Iglesia, la abolición de privilegios y la inmigración de europeos para fomentar el desarrollo económico. Los conservadores por su lado se oponían a las reformas puesto que ponían en peligro su posición. Los diputados constituyentes de las provincias deseaban además la autonomía administrativa en sus respectivos territorios, mientras que los conservadores de la capital estaban a favor de la centralización política.

La Constitución de Centroamérica de 1824 contempló formalmente la creación de una Federación siguiendo el modelo de la constitución de los Estados Unidos de 1787, pero adoptó los principios republicanos basados en una ciudadanía calificada, y por ende limitada, y en un sistema indirecto de elecciones presidenciales, de acuerdo a la constitución de Cádiz de1812. Por otro lado no se separó completamente el estado de la Iglesia, concediéndose libertades individuales básicas pero no la libertad de religión; se abolió la esclavitud, el pago de los tributos, los fueros especiales, las restricciones a la transferencia de la tierra; y se estableció el juicio por jurados, una gran autonomía de los estados frente al gobierno federal, y una virtual dictadura del congreso --unicameral-- en detrimento del ejecutivo.

En la Constitución Federal se creó una estructura jurídico-política ajena a la realidad social, atrasada y semi-feudal de la región centroamericana, y poco tiempo después de su adopción, independientemente de los compromisos asumidos previamente, las dos facciones políticas se enfrentaron y lucharon por el control exclusivo y excluyente del poder. Como sabemos, esta lucha no solamente se manifestó entre los estados y la capital, también estalló en cuatro de las cinco naciones cuando las rivalidades locales surgieron abiertamente y proliferaron los caudillos. Si los liberales pudieron dominar el gobierno federal y los estados casi por una década (1829-1838), fue por el uso de la fuerza y elecciones controladas --imponiendo el exilio forzado a los opositores, la prisión, la confiscación de bienes, la supresión de órdenes monásticas y otras medidas de represión.

Los conservadores utilizaron tácticas similares para revertir los intentos liberales de reformar las instituciones, y tanto los conservadores de Guatemala como los gobernantes en los estados federales fueron propensos a romper la federación. Los primeros porque no podían imponer totalmente su hegemonía en la región y los segundos porque no lograban impedir la influencia guatemalteca. La federación se disolvió en 1838, y desde 1840 se constituyeron, también por la fuerza, gobiernos conservadores. En Nicaragua se dio la variante de la Guerra Nacional y sus consecuencias políticas.

El gobierno de los conservadores fue largo aunque no completamente estable. Las luchas de los liberales para llegar al poder continuaron y en algunos casos lo lograron en El Salvador y Honduras, aunque su suerte fue decidida invariablemente por el intervencionismo de Guatemala. Detrás de esta inestabilidad se encontraban intereses de grupo, y el grupo capaz de imponerse sobre el resto de la sociedad implementó formas jurídicas específicas de dominio. Al final lo que varió fue el estilo político --seudo realista o seudo republicano-- y no el uso del estado como instrumento del grupo en el poder.

La transición del gobierno colonial al independiente y republicano pasaba por la adaptación de viejas y arraigadas tradiciones monárquicas. En la mayoría de los casos los cambios fueron violentos y decisivos sin tomar en cuenta las circunstancias y condiciones internas de cada país. En otros casos los cambios fueron graduales y las instituciones coloniales se mantuvieron hasta bien entrado el siglo XX. En este sentido, los liberales positivistas que desde el último cuarto del siglo XIX establecieron en la región gobiernos con estructuras formalmente democráticas y republicanas, en la práctica crearon gobiernos centralizados y autocráticos a expensas de los poderes legislativo y judicial, y de la autonomía de los gobiernos municipales. No existiendo la cultura democrática, esa fue la reacción a la beligerancia conservadora en su lucha por el poder en los cuatro estados del norte, así como al rápido paso de un sistema restringido de producción --la hacienda-- a actividades dinámicas de exportación en Guatemala y El Salvador, y más limitadamente en Nicaragua y Honduras.



La República Federal duró de 1824 a 1838




2. Las consecuencias políticas de la economía de exportación

El desarrollo de actividades económicas nuevas, su orientación dinámica hacia mercados externos, el crecimiento de la población en las capitales y la concentración de la población rural en las plantaciones de café fortalecieron la posición de los gobiernos centrales. La necesidad de novedosas, más amplias y más complejas funciones estatales no se hicieron esperar, y se implementaron sobre todo en materia fiscal, aduanera, obras públicas, organización del ejército y administración de la justicia. En otras palabras, se adoptaron estrategias globales para satisfacer las necesidades y los intereses de la economía de exportación.

El establecimiento de la autoridad liberal centralizada y autoritaria no significa que se logró la estabilidad política y social en la región. El interés convergente de los liberales y los conservadores en la economía de exportación se manifestó solo gradualmente en cada país. Después de esta convergencia, los golpes de estado se convirtieron en el medio por el que se canalizaron las luchas tradicionales por el poder en El Salvador y Guatemala. Sin provocar la disrupción del sistema de producción mencionado, la facción específica en el poder lograba su propio enriquecimiento y posición social. La manera clásica de legitimar las dictaduras fue el fraude electoral o las elecciones sin oposición. Eventualmente las distintas facciones de propietarios consolidaron sus intereses en las actividades de exportación y colaboraron en el establecimiento de dictaduras que excluyeron necesariamente a otros sectores sociales de las estructuras del poder.

En Honduras y Nicaragua donde las reformas liberales fueron tardías e incompletas, la cohesión social y política interna, o sea, la articulación de los grupos dominantes y el gobierno nacional, fue débil en comparación con los otros países centroamericanos. En Honduras, desde el inicio de la segunda década del siglo XIX, la rivalidad y competencia entre las compañías bananeras para obtener concesiones favorables provocaron guerras civiles en el país y disputas territoriales con Guatemala. Estas fueron en parte consecuencias del partido que tomaron la Cuyamel Fruit Co. y la United Fruit Co. con los liberales por un lado o los conservadores por otro. Después de 1929, cuando la United Fruit compró la Cuyamel, las guerras entre caudillos apoyados por esas compañías fueron sustituidas por largas dictaduras al servicio de las actividades bananeras.

En Nicaragua, siempre a mediados del siglo XIX, las rivalidades entre las potencias anglosajona y angloamericana fomentaron el antagonismo entre los conservadores y los liberales. Centroamérica había sido una zona de influencia inglesa por mucho tiempo, y al surgir los Estados Unidos como potencia regional, puso en peligro esa presencia hegemónica en el área. El interés de las potencias en nuestro país era la ruta interoceánica, y el afán de lograr derechos exclusivos para la construcción de un canal las llevó a apoyar a una u otra parte en sus guerras intestinas. El caso William Walker no fue ajeno a este esquema, y cuando los Estados Unidos quedaron como la única potencia con radio de acción en el hemisferio occidental, su intervención en los asuntos de Nicaragua --de José Santos Zelaya en adelante-- truncó la consolidación de un sector cafetalero moderno y dinámico, lo que impidió la continuidad de un gobierno fuerte y estable que los representara. 

Esta debilidad de los liberales y la propia de los conservadores significó la continuación de las guerras civiles y de la intervención militar directa de los Estados Unidos. Augusto Sandino fue una expresión muy particular de este fenómeno de la historia de nuestro país, al oponerse al mismo tiempo a los intereses de los Estados Unidos en el área, a los conservadores y a los liberales que cedieron ante las presiones de la potencia extranjera. La dictadura de Somoza no surgió entonces como resultado de una evolución económica y social interna sino como una consecuencia de los intereses de los Estados Unidos, que deseaba la pacificación de Nicaragua para evitar la eventual injerencia de cualquier otra potencia en la región. Esto habría puesto en peligro sus intereses en el Canal de Panamá, en Nicaragua como ruta interoceánica alternativa, y en general, en las rutas de su comercio marítimo.

En la década de los 30 del siglo XX y en plena depresión económica mundial, existían ya ejércitos profesionales en los cuatro países del norte jefeados por un hombre fuerte como presidente de la república. Estos representaban, apoyaban y se beneficiaban del sistema de producción --monocultivo-- para la exportación. En El Salvador y Guatemala ese cultivo fue el café, en Honduras el banano y en Nicaragua lo fue el algodón a partir de los años 1940. Los jefes de los ejércitos usaron la práctica del continuismo, el fraude electoral y la represión directa para mantenerse en el poder.

El continuismo ha sido la práctica centroamericana de continuar la administración en el poder por medio de una enmienda constitucional, o de una provisión en una nueva constitución, que elimine la prohibición del presidente de turno de reelegirse. De hecho, desde la independencia en 1821 hasta 1950 El Salvador y Nicaragua tuvieron 12 constituciones cada una sin contar las reformas constitucionales, Honduras tuvo 10 y Guatemala 4. Por razones de orden práctico, es decir, para evitar el acceso de cualquier otro grupo o clase social al poder, el gobierno representativo y las instituciones democráticas contenidas en las constituciones fueron una ficción. La excepción de esta regla fue Costa Rica.

En este país la temprana distribución de la tierra y el establecimiento de un moderno --capitalista-- modo de producción de café permitió la apertura de la estructura política. Como en los otros países de la región, en Costa Rica también un pequeño número de familias había acaparado tierras, riqueza y poder durante la colonia, pero debido a la reducida existencia de indígenas no se implementó el sistema de la encomienda. Esto permitió que se desarrollara una economía generalizada de pequeños y medianos productores, y desde la independencia en adelante las ideas y los principios liberales se fueron arraigando con facilidad. La oligarquía debió su existencia a la producción del café y la democracia al pequeño y mediano productor del mismo producto. Pero la república oligárquica  inicial no tuvo como base económica el monopolio de la tierra. Lo que le permitió al sector cafetalero obtener un alto grado de control político y de preeminencia social fue el modo en que se aseguró el crédito rural, los beneficios de café y los canales de comercialización. 

Tampoco debemos olvidar que las autoridades costarricenses decidieron abstenerse de participar y de intervenir en los asuntos de sus tumultuosos países vecinos --con la excepción evidente y necesaria de la Guerra Nacional en Nicaragua a mediados del siglo XIX-- para evitar la disrupción del proceso gradual hacia su propio desarrollo. 

En 1889 Costa Rica tuvo sus primeras elecciones competitivas y en 1919 fueron abolidas las restricciones que quedaban para ejercer el derecho de voto. Igualmente, los gobiernos costarricenses pusieron énfasis en la educación pública --obligatoria y gratuita-- y en la seguridad social, especialmente después de 1948. Tenemos entonces que la ausencia de relaciones de semi-servidumbre, la distribución de la tierra y el extenso cultivo del café permitieron el temprano acomodamiento de los intereses políticos y económicos de los grupos formados durante la colonia, con aquéllos de la creciente burguesía rural. Esto no quiere decir que el proceso haya sido pacífico. Hasta 1889 siete de las veinticinco administraciones fueron establecidas por la fuerza y otras dos posteriormente, aunque la estabilidad general de la nación y su curso hacia la democracia no fue interrumpido. Después de las últimas escaramuzas faccionarias en 1948, el ejército fue abolido y sustituido por una guardia civil responsable de mantener el orden público.

En los cuatro estados del norte --de Guatemala a Nicaragua--, para lograr y conservar la centralización del gobierno, los territorios nacionales fueron divididos en Departamentos y estos en Municipios. Los Departamentos tenían una menor dimensión territorial que los Partidos de las Intendencias y estaban administrados por Jefes Políticos nombrados por el ejecutivo. Sus funciones administrativas y policiales eran similares a las de los funcionarios de la colonia, es decir, estaban encargados de la ejecución de las nuevas leyes agrarias y laborales, y del mantenimiento del nuevo orden público.

Los Municipios, como los Cabildos coloniales, constituían el gobierno local dirigido por el Alcalde y dependiente del ejecutivo. En los pequeños poblados la autoridad era ejercida por funcionarios menores --los Jueces de la Mesta. Esta estructura política era semejante a la de la colonia, particularmente después de 1786, aunque en teoría la administración de la justicia se llevaba a efecto en un sistema de juzgados y cortes separado e independiente de los otros poderes del estado. Una novedosa legislación fue el complemento necesario de la estructura jurídico-política que debía proteger y garantizar el éxito de las reformas económicas liberales.


Las ideas liberales en la región


3. La Codificacion de las Leyes Liberales y su Significado

Desde el último cuarto del siglo XIX en adelante, la intención de los liberales de romper con el pasado y crear una moderna economía de exportación los llevó a adoptar una nueva legislación según el ejemplo europeo. Códigos civiles, comerciales y penales fueron elaborados y promulgados, así como los respectivos códigos de procedimiento civil -- que igual se aplicaba para lo comercial-- y de instrucción criminal. Los códigos civiles en particular fueron --y continúan siendo-- eclécticos. Fueron redactados tomando como modelo distintas fuentes europeas y suramericanas, pero la legislación más influyente en absoluto en este proceso de redacción fue la francesa en lo que se refiere al derecho privado. Esta influencia fue directa por medio de los códigos civil --Código de Napoleón-- y comercial de 1804 y 1807 respectivamente, o indirecta por medio de los códigos chilenos de mediados del mismo siglo y de otros países influenciados por la legislación francesa.


El Código Civil Francés del S. XIX


Este eclecticismo fue el resultado natural de considerar el derecho como una ciencia abstracta de aplicación universal. La primera misión de los codificadores fue entonces examinar las normas jurídicas contenidas en las legislaciones foráneas, así como las propuestas por los tratadistas, para escoger la solución que parecía mejor y más lógica. La segunda misión de los codificadores fue ordenar las normas escogidas de manera precisa, coherente y armoniosa.

Desde luego, fue la legislación europea del siglo XIX que los codificadores centroamericanos vieron como abstracta y universal, siguiendo el razonamiento de los filósofos europeos del derecho. Este esquema sirvió su propósito satisfaciendo las aspiraciones económicas, sociales y políticas de los grupos dominantes nacionales. Los códigos civiles en particular reflejaron los valores racionalistas e individualistas de la Ilustración y de la Revolución Francesa. Un gran énfasis fue puesto en la libertad de contratación, en la inviolabilidad de la propiedad privada, en el registro público de bienes inmuebles, en la familia como núcleo de la sociedad y en el derecho sucesorio como mecanismos de obtención y transferencia de bienes. Sin embargo, esta legislación no estaba de acuerdo con el desarrollo socio-económico de la Centroamérica de la época. Los códigos fueron más bien redactados y adoptados por y para una minoría con orientación europea, sin tener en cuenta las necesidades y las aspiraciones de la mayoría de la población, analfabeta y empobrecida, y por tanto al margen de los medios de superación social y económica.

Por otro lado, el Código Civil de Francia estaba influenciado por el Derecho Romano, y la adopción de sus normas no significó una ruptura total con el régimen jurídico anterior. Igualmente, el Derecho Romano había sido la principal fuente de derecho privado en Castilla, y por ende en sus dominios coloniales.

La idea básica detrás de la reestructuración del sistema jurídico en la región fue la estabilización y consolidación de los nuevos regímenes liberales. Para lograr este objetivo, el poder económico y social de los conservadores y de la Iglesia debía ser limitado, por lo que se separó totalmente a la Iglesia del Estado y se reformó el régimen de tenencia de la tierra --en detrimento de las tierras comunales y de la Iglesia--, para permitir a los liberales el acceso a ella. Las nuevas necesidades laborales en las plantaciones fueron satisfechas con el reclutamiento forzado de los peones --leyes contra la vagancia-- y con otros mecanismos reñidos con una economía realmente capitalista y moderna.

Durante la colonia las luchas por el control de la tierra ocuparon mucho tiempo y litigios. Las disputas familiares y las intrigas políticas estuvieron estrechamente vinculadas con las disputas por la tierra. Los descendientes de los conquistadores y de los inmigrantes españoles con influencias y conexiones en España, o con la burocracia peninsular en las colonias, confrontaron sus intereses por el acceso a las mejores tierras y encomiendas. Los serios conflictos derivados del control de la riqueza y de la fuerza de trabajo indígena se reflejaron en la Audiencia y los Cabildos. La primera representaba claramente los intereses de los peninsulares y los Cabildos los intereses de los criollos. 

Estos conflictos no se manifestaron tan intensamente después de la consolidación de las reformas liberales. Las instituciones del gobierno y particularmente el poder judicial estaban al servicio de los propietarios, fueran éstos liberales o conservadores. La corrupción de los jueces, representantes del Estado y de los funcionarios públicos fue un valioso auxiliar para administrar las leyes que servían los nuevos intereses. Aquéllos que querían avanzar económica y socialmente aprendieron a jugar el juego del soborno, las influencias políticas y los contactos familiares. 

De hecho, los modos establecidos de apropiación económica en los cuatro estados del norte facilitaron la concentración del poder en los grupos dominantes hasta la segunda mitad del siglo XX. La arbitrariedad burocrática y judicial fue un resultado del monopolio político basado en la propiedad de la tierra, la producción agrícola, la educación y los contactos con el mercado internacional.


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Vídeo sobre la Conquista y Colonización 
Española en América