¿Es Cómplice el Ejército?

¿Es Cómplice el Ejército de Nicaragua en la Violación 

de los Derechos Humanos?

(Artículo de opinión enviado a un diario nacional como seguimiento al de la entrada anterior)

Al final de mi artículo publicado el 26 de julio sobre la violenta represión del régimen contra la población, formulé la pregunta si el Ejército es cómplice de la violación de los Derechos Humanos (DD.HH.) en el país. La pegunta no es retórica, no tenía la respuesta.

Daniel (el Presidente de la República) no ha cumplido y se rehúsa a cumplir con su obligación de respetar y hacer respetar la Constitución y los convenios internacionales sobre DD.HH. Esa obligación va dirigida también a sus subalternos, entre ellos la Policía y el Ejército.

Las reformas constitucionales y a las leyes de esas dos instituciones armadas para que Daniel detente el poder absoluto, han sido hechas con la complicidad de los magistrados constitucionales de la Corte Suprema de Justicia y de los diputados en la Asamblea Nacional, sus subalternos de hecho.

Entre esos subalternos cómplices están también la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Ministerio Público.  Las turbas, las fuerzas de choque motorizadas y los parapoliciales, invariablemente protegidos por la Policía Nacional, son igualmente subordinados de hecho de Daniel.

Aquí el Ejército no entra. Ha sido por medio de un miembro del clan familiar que Daniel ha dado la orden a la Policía y sus parapoliciales de reprimir, intimidar, perseguir, detener, secuestrar,  denigrar y eliminar a quien se le oponga. La Fiscalía General y el Poder Judicial son cooperadores necesarios de estos crímenes.

Si Daniel ha pretendido sugerir al Ejército que eventualmente debe reprimir al pueblo para mantenerse en el poder, no lo sabemos, es secreto de Estado. Pero el Ejército ha expresado públicamente que no lo hará. ¿Por qué? ¿Para dar seguridades a la población y a los Estados Unidos que no apoyará a la Policía en sus desmanes y evitar sanciones?

En el Ejército conocen bien las consecuencias del desplome de la economía en los sueldos de sus filas y en sus inversiones nacionales y en el exterior para pagar las pensiones de retiro. Y es también secreto de Estado lo que expresa el Ejército en el Sistema Nacional de Seguridad Soberana, del que es la Secretaría Ejecutiva por medio de la Dirección General para la Defensa. Daniel es el coordinador del sistema y la Policía es también miembro, entre otras instituciones subalternas. En síntesis, en el Ejército lo saben todo y saben que los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Policía y por los parapoliciales no prescriben, y que son perseguibles aún fuera de Nicaragua. Esos son los crímenes que ha provocado el éxodo de los jóvenes para salvar la vida.

El Ejército no ha participado en los crímenes de lesa humanidad, y es la única institución del Estado que puede influir en Daniel para que pare la represión y acceda a adelantar las elecciones. ¿Es cómplice el Ejército de la violación de los DD.HH. en Nicaragua? Moralmente.

Nota: este artículo fue publicado en el diario La Prensa el 2 de agosto de 2018.

La OEA, el Ejército y la Ley

La OEA, el Ejército de Nicaragua y la Ley

(Artículo de opinión enviado a un diario nacional para su publicación)

Por conocer los foros internacionales y el lenguaje que se utiliza en ellos, con vergüenza ajena vi y escuché la sesión del Consejo Permanente de la OEA del 18 de julio sobre la situación en Nicaragua. Con insistencia el Ministro de Relaciones Exteriores pretendió imponer como verdad las alucinaciones del régimen. Solo la delegada de Venezuela repitió con las mismas palabras la cantaleta sobre la conspiración terrorista para derrocar el gobierno de la pareja Ortega-Murillo.

Bolivia, por su parte, retiró la propuesta que pretendía neutralizar la condena al Gobierno de Nicaragua –por la brutal violación de los derechos humanos– cuando constató que no sería apoyada ni por los Estados insulares de Petrocaribe. Prudentemente también, Bolivia se retiró de la sala para no votar con Venezuela contra la resolución de condena, y no exponerse así a las consecuencias internas e internacionales de ese voto. La abstención tampoco habría sido opción frente a sus aliados en la OEA, Nicaragua y Venezuela.

La veracidad de las atrocidades de la pareja es conocida por los gobiernos de la región y fuera de ella. Tienen embajadas en Managua, que es su fuente primaria de información, y la OEA, aunque esté integrada por países de la región, tiene también como observadores permanentes a Estados que también tienen legaciones diplomáticas en Washington, D.C., sede de la organización.

La resolución de condena por tanto fue aprobada de manera abrumadora y es vinculante. Per contra, la resolución de expiación del gobierno propuesta por el representante de Nicaragua fue rechazada de manera superlativa.

La resolución de censura, entre otros temas, condenó todos los actos de violencia, represión, violaciones de derechos humanos y abusos contra el pueblo de Nicaragua, incluyendo los de la policía y grupos parapoliciales, agregando que se debe proceder a identificar y procesar judicialmente a los responsables. Que el Gobierno de Nicaragua no cumplirá con la resolución se desprende del discurso de Daniel Ortega el 19 de julio.

En la Comandancia del Ejército se conoce muy bien quiénes son esos parapoliciales, quién los recluta, los coordina, los arma, los dirige y les paga. Para eso está la Dirección de Información para la Defensa. 

Es una obligación constitucional del Presidente de la República cumplir con la Constitución y con las leyes, así como hacer que sus subordinados también las cumplan, como son el Jefe de la Policía y el Jefe del Ejército. Es también disposición constitucional que el Estado de Nicaragua debe promover la preeminencia de los Derechos Humanos en el país, los contenidos en los convenios internacionales identificados en la misma Constitución.

Y en el Código Militar se expresa que el Ejército se regirá con apego a la Constitución Política, las leyes y los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos. El Ejército entonces como institución del Estado, ¿es cómplice de la violación de los Derechos Humanos en Nicaragua por omisión? 

Nota: este artículo fue publicado en el diario La Prensa el 26 de julio de 2018.