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13 de diciembre de 2018

Ley de Circuitos Integrados


Ley de Protección a los de Circuitos Integrados


En la edición 123 de la revista Temas Nicaragüenses (RTN) me referí a la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de 1999. Posteriormente hice algunos ajustes en el escrito para hacerlo más preciso, que publiqué íntegramente en un blog jurídico, por si hay interés de los lectores en consultarlo.

En el artículo original de la edición 123 sin embargo, de manera involuntaria quedó entre paréntesis una referencia a la Ley de Protección a los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados[1] (la Ley) que no expliqué, pero que son una categoría de propiedad intelectual, así como lo son los derechos de autor. Estos últimos incluyen los programas de cómputos (software) pero no los circuitos integrados (hardware); y si bien es cierto que la Ley de la referencia no tiene relación directa con la RTN y sus colaboradores, aquí remito a ciertos conceptos básicos sobre ella por responsabilidad profesional.

El Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) de 1994, adoptado por Nicaragua en 1995[2], hace referencia al compromiso de los Estados Miembros de otorgar protección a los esquemas de trazado de circuitos integrados en sus respectivos países (esquemas de trazado). Esta protección se otorga por medio de leyes nacionales especiales, que según las disposiciones del ADPIC deben además incorporar algunas disposiciones adicionales del Tratado de Washington de 1989 sobre la Propiedad Intelectual Respecto de los Circuitos Integrados, conocido también como Tratado IPIC por sus siglas en inglés.  

Aún si el Tratado de Washington no ha entrado en vigencia por la ausencia de las ratificaciones o adhesiones requeridas para ese fin, incluyendo Nicaragua, las disposiciones pertinentes del mismo aceptadas en el ADPIC han sido incorporadas en las leyes nacionales sobre esquemas de circuitos integrados, por ser una obligación adquirida en ese acuerdo.

El contenido del Tratado de Washington fue negociado en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que es un organismo de las Naciones Unidas. La OMPI cuenta con 191 Estados Miembro, las Naciones Unidas con 193, y el ADPIC[3] con 164. No es por tanto casualidad que los Estados Miembro del ADPIC aceptaran incorporar en sus leyes nacionales lo relacionado con la protección a los esquemas de trazado, excluyendo las disposiciones del Tratado de Washington que no lograron ser consensuadas[4].

Como se puede inferir del nombre de la Ley, los esquemas de trazado son una cosa y los circuitos integrados otra, pero vinculadas intrínsecamente entre sí. La Ley de Nicaragua, siguiendo el Tratado de Washington[5], define literalmente esos conceptos así:

- Circuito integrado: un producto, en su forma final o intermedia, cuyos elementos, de los cuales al menos uno es un elemento activo, y alguna o todas las interconexiones, forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material semiconductor y que esté destinado a realizar una función electrónica.

- Esquema de Trazado o Topografía: la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma de los elementos, siendo al menos uno de éstos activos, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, así como dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

Si bien es cierto que esas definiciones son técnicas, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos asiste con la simplificación de las mismas, de tal manera que un circuito integrado es la combinación de elementos electrónicos miniaturizados que se alojan en un único soporte de material semiconductor; y esquema de trazado se refiere a la reproducción gráfica del diseño del circuito integrado. En el mundo digital lo anterior nos refiere a los microprocesadores, llamados también microchips o simplemente chips, utilizados en las  computadoras y en dispositivos, aparatos, máquinas, instrumentos y equipos de toda índole que requieran una función electrónica. 


El objeto de la Ley en Nicaragua por tanto es establecer las normas que regulan la protección de los derechos de los creadores de los esquemas de circuitos integrados. Para esto el esquema de trazado deberá ser original, y  se considerará como tal cuando sea resultado del esfuerzo intelectual propio de su creador, y no sea común en el sector de los circuitos integrados al momento de su creación. Igualmente, un esquema de trazado será original cuando esté constituido por uno o más elementos comunes en el sector de la industria, si la combinación de los elementos es original al momento de su creación. 

Dada la gran importancia de los chips en el comercio internacional de mercancías, las leyes nacionales de protección del derecho de sus creadores han sido el resultado de los tratados de libre comercio y de propiedad intelectual. Los chips son fabricados por una empresa titular del derecho o por otra bajo licencia, y son objeto de comercio.  A su vez, los chips adquiridos por empresas en cualquier parte del mundo son incorporados en un sinnúmero de productos terminados. En otros casos el chip en sí es el producto final, como el chip de implante en los humanos.

Desde la industria civil a la militar, a la médica, a la robótica, a la espacial, el chip ha sido creado y desarrollado para facilitar el funcionamiento de las máquinas en su sentido más amplio; y en cada una de esas industrias se encuentra el componente comercial. En este sentido no solo se podrían ejercer acciones judiciales contra un productor, exportador o importador de chips fabricados sin autorización, sino que también contra los fabricantes o ensambladores de bienes, que a sabiendas de su proveniencia ilícita, los integre en sus productos terminados. En Nicaragua sin embargo estos planteamientos son hipotéticos puesto que no existen fabricantes de chips, ni productores ni ensambladores de bienes que los incorporen,  como es el caso de otros países de la región.

El límite de tiempo al derecho exclusivo de propiedad sobre los trazados de chips es de 10 años desde su registro público, siguiendo la disposición correspondiente en el Tratado de Washington adoptada en el ADPIC, que expresa que la protección no podrá ser menor de 8 años[6]. Después de ese período de tiempo (10 años) el esquema de trazado pasa a ser del dominio público y podrá ser explotado comercialmente por terceros.

Esto no significa que cada esquema de trazado registrado en cualquier país deba también registrarse en Nicaragua para estar protegido. Esto se desprende de las disposiciones del Artículo 6 (1) del Tratado de Washington que fueron adoptadas en el ADPIC, y que por tanto son ley nacional.

En el gráfico de abajo se ilustran los mayores fabricantes de chips en el mundo a enero de 2018[7] por empresas de la República de Corea, los Estados Unidos, Holanda y Japón:





Pero así como en la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos se contemplan algunas limitaciones al derecho de propiedad, en la Ley sobre esquemas de trazado de circuitos integrados también se contemplan limitaciones al derecho del titular, especialmente cuando un esquema de trazado protegido se utiliza con propósitos de análisis, investigación, experimentación o enseñanza[8]. El objetivo evidente de esta disposición es no obstaculizar el desarrollo de las ciencias, y en este caso, la física.




[1] La Ley de Protección a los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados fue publicada en la Gaceta N° 22 del 1° de febrero del 2000.
[2] El ADPIC fue aprobado como Anexo 1 de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La ratificación de la OMC por Nicaragua en 1995 implicó la adopción del ADPIC en ese mismo año.
[3] El ADPIC se refiere a la Organización Mundial del Comercio (OMC), que no siendo organismo de las Naciones Unidas mantiene relaciones estrechas con ella.
[4] Me refiero en particular al Artículo 6 (3) del tratado sobre las medidas relativas a la utilización de los esquemas de trazado de circuitos integrados sin consentimiento del titular, es decir a las licencias de fabricación de chips otorgadas por un Estado a un tercero sin el consentimiento del  titular de los derechos, por razones estratégicas propias.
[5] Artículo 2 (i) y (ii) del Tratado de Washington.
[6] Artículo 8 del Tratado de Washington.
[8] Ver el Artículo 9 de la Ley que sigue las disposiciones pertinentes del Tratado de Washington adoptadas en el ADPIC.



31 de octubre de 2018

Recuerdos de una Organización



Recuerdos de una Organización 


Me vino a la mente escribir este artículo cuando leí hace pocos días en un diario internacional que Staffan de Mistura (Esteban), un diplomático italo-sueco, a quien conocí en Roma en la década de los ochenta del siglo pasado, dejará el cargo de Representante de la ONU para Siria a finales de noviembre de 2o18. Lo hará después de cuatro años de mediar entre el gobierno de ese país y sus opositores, armadas ambas partes por supuesto, y con sus respectivos padrinos.

El legado de Staffan como mediador es la propuesta de una nueva constitución política y de reformas a la ley electoral para que la solución del conflicto en Siria sea negociada, con la evidente exclusión de los grupos fanáticos, y con elecciones observadas por garantes internacionales. En Afganistán, Irak y Libia esa fórmula marcha lentamente pero marcha, aún si impuesta por circunstancias propias, y de larga historia.

En las sociedades tribales, con sus características étnicas, la tribu de al lado es el enemigo, y si es difícil la convivencia en esas sociedades, no es imposible si se respetan los acuerdos para alcanzarla, en la que una etnia no se impone a la otra y se respeta a las minorías. Algo así como la hoja de ruta para la paz, la estabilidad y la sobrevivencia, es decir, para dejar de ser homo territorialis.

Pero aquí no se trata de Siria, Rusia, Turquía, Estados Unidos, Irán, Israel, Arabia Saudita, Yemen, el Estado Islámico, Al Qaeda, Hezbolá, los kurdos y resto de países y grupos radicales o no, sunitas, chiitas o similares, cuyo deporte favorito en la geopolítica del Oriente Medio, y ahora en ciertas regiones del África, es la guerra de movimientos y de posiciones y la compra y venta de armas por petróleo, diamantes, uranio, coltan y otros recursos naturales. No, no se trata de eso, se trata de la FAO.




Esteffan de Mistura por años fue el Jefe de Gabinete de Edouard Saouma, Director General de la FAO por tres períodos consecutivos entre 1976 y 1993, único director que lo ha logrado desde la creación de la organización en 1945, aunque no sin fuertes controversias; y supo retirarse cuando comprendió que había llegado su hora o dañaba a la FAO y su legado. Saouma falleció en el 2012 a los 86 años de edad. Estuvo casado con una colombiana, Inés, y este hecho de su fallecimiento también me motivó a escribir estas líneas pues lo supe al hacer una búsqueda, al conocer que de Mistura dejaba su cargo de mediador de la ONU.


Staffan de Mistura
Edourad Saouma





Edourd Saouma fue un tercermundista cabal y consecuente, aun cuando tuvo que enfrentarse a un grupo de países que se opusieron en 1987 a su reelección. Pero pesó más la coherencia del Grupo de los 77 que aglutina en las Naciones Unidas a 132 países en vías de desarrollo. En las organizaciones de las Naciones Unidas cada país es un voto, y cada voto cuenta. No existe posibilidad de fraude. Llevaría a otra guerra mundial.

Saouma era libanés, cristiano maronita y no tomó partido en la guerra civil del Líbano, la producida por motivo de la OLP, Siria, Irán, Hezbolá, Israel y los cristianos libaneses. Estuvo en Nicaragua en 1982 y se entrevistó con los otrora Comandantes de la Revolución, o con al menos dos de ellos. Ambos lo visitaron después en Roma porque en 1980 en la Habana, Fidel Castro había sido el intermediario para esos menesteres. Fui testigo. El entonces vicepresidente de Nicaragua también llegó a Roma en un momento dado, y tuvimos una cena familiar en el apartamento de Saouma y su esposa.

Curiosamente, Millicent Fenwick, la Embajadora de los Estados Unidos ante la FAO, fallecida en 1992 a los 82 años, personalmente consideró a Saouma un líder competente en los asuntos de la organización, a pesar de su apoyo sustantivo e incondicional a la Nicaragua revolucionaria frente a la política de Ronald Reagan, su presidente.

Millicent Fenwick fue política, diplomática y una gran dama. La relación fue de respeto en aquellos años en que representé a Nicaragua, igualmente ante la FAO, con los Estados Unidos como adversario. No solo, la Embajadora Fenwick me invitó a su recepción de despedida en la embajada de su país allá en Roma en 1987. Acepté y fui, lo que agradeció explícitamente frente a la sorpresa de otros tantos diplomáticos presentes.

Edouard Saouma, con su Jefe de Gabinete Staffan de Mistura contribuyeron a mover ingentes recursos técnicos y financieros a la Nicaragua de los años 80, recursos que provenían de países desarrollados y en vías de desarrollo que le brindaron su apoyo a aquella utopía perdida.

NOTA: Una versión reducida de este escrito fue publicada en un diario nacional el 22 de noviembre de 2018.


20 de septiembre de 2018

Los Globos Azul y Blanco


Los Globos Azul y Blanco y la Ley Penal 


(Artículo adicional de coyuntura en Nicaragua enviado a un diario nacional)
                                                                                                                     
Admito mi perplejidad ante este asunto de los globos azul y blanco que han aparecido aquí y allá, como símbolo de identidad de la protesta cívica nacional que no cesa de expresarse, y cada vez con mayor creatividad, frente a un régimen bicéfalo que no encuentra una respuesta racional y civilizada al inmenso rechazo de nosotros, los ciudadanos.

Los globos son extensivos a la bandera azul y blanco, los colores únicos que contienen cuatro de las cinco banderas de los países de la Centroamérica histórica. Esas banderas representan un ideal: la unidad de los pueblos de la región.

Pero que va. Aquí el azul y blanco está penalizado por obra y gracia de la pareja  presidencial y de los doctos magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, defensores acérrimos y antijurídicos de los delincuentes y criminales del régimen. De la defensa del régimen como un todo se encargan los magistrados de la Sala de lo Constitucional, algunos de los cuales se repiten en ambas salas por si acaso.

He seguido estudiando el derecho desde que me gradué y post-gradué décadas atrás, y no encuentro en ley o tratadista, ni jurisprudencia alguna en materia penal u otra –nacional o comparada– que inflar globos de cualquier color que sean, y diseminarlos, es delito. Lo mismo aplica a banderas, bandas, pulseras, banderitas, gorras, sombreros, sombrillas, pañuelos, cinturones y demás, a no ser que lleven un mensaje racista, anti religioso, de odio, que inciten a matar, a cometer genocidio, a torturar y por ahí.

Lo irrisorio dentro de nuestra tragedia es que los globos azul y blanco tienen escritos muy distintos a los que podrían ser considerados delitos. ¡Qué se rinda tu madre! es ya parte de una tradición de un pueblo que no admite la esclavitud. ¡Que se vayan! es lo mismo, pero los magistrados de lo penal sí son esclavos, como los diputados de la asamblea, la fiscal general, el procurador de los derechos humanos, el jefe de la policía, y ahora el jefe del ejército. Esclavos todos y faltan en esta lista.

Ser esclavo no es delito, ser esclavista sí lo es. Y si no fuese por semejante barbarie que estamos viviendo, moriríamos de la risa al ver a tantos tontos explotando globos y decomisando banderas. Son unos pobres desdichados, enviados por los esclavistas como tantos otros a hacer el ridículo ante nos los ciudadanos.

Así son los esclavistas y los esclavos, pero pueden y deben liberarse de esa condición, porque igual que cualquiera de nosotros son también ciudadanos, aunque no lo sepan aún.

Somos los globos azul y blanco que dicen ¡que se rinda tu madre! Si los esclavistas no han entendido, peor para ellos. La verdad se hará. Y como dice un comentarista, ¡los tenemos locos! Y locos se van a ir.

Nota: el artículo fue publicado el 25 de septiembre de 2018 en el diario La Prensa. 

11 de septiembre de 2018

Una Pareja, su Séquito y la Cuarentena



Una Pareja, su Séquito y la Cuarentena


(Artículo de opinión en función de la coyuntura en Nicaragua)

Entre tanta tragedia nuestra, afortunadamente emergen dentro y fuera del país voces sensatas y valientes que denuncian activamente la barbarie ejercida por los Ortega-Murillo, y su séquito de cómplices, para mantenerse en el poder. Esa denuncia debe continuar. Debe continuar igualmente el repudio a los comprometidos con el régimen con el fin de mantenerlos segregados entre ellos mismos, aislados en su ostracismo, en cuarentena.

Vergüenza no sentirán, al menos en apariencia, pero Nicaragua ya está dividida invariablemente, siendo la inmensa mayoría la que denuncia el desgobierno del dúo que prostituye las instituciones del Estado para aferrarse al poder, como cualquiera pareja de proxenetas.

Algunos del séquito pretenden reciclarse –lavar la imagen– para proteger a su descendencia y los activos acumulados al amparo del poder y de la represión cuando caiga el régimen. Solo con la disociación pública activa ahora, no cuando el dúo vaya de salida, podrán tener una oportunidad de reivindicarse sabiendo que serían tildados de traidores por el aparato represivo que contribuyeron a crear. La cuarentena esta vez vendría de ellos mismos, pero les valdría la pena.


A la pareja y a su séquito el aislamiento los podrá tener sin cuidado mientras tengan fuerzas represivas a su lado, pero ¿y después? En Zimbabue Robert Mugabe recurrió a una brutal represión para no soltar el poder luego de décadas en el mismo; y por no importarle las consecuencias de la violencia desatada ni la destrucción económica del país, pasó de héroe a villano en poco tiempo. Quiso imponer a su esposa como vicepresidente para que se hiciera con el gobierno después de su fallecimiento. No lo logró. Tanto Mugabe como su esposa Grace fueron expulsados del poder en noviembre de 2017 por su propio partido y por el ejército, avalado por el Parlamento. Salvaron a la nación.

En Zimbabue, igual que aquí, Mugabe y su esposa estaban sustituyendo en el partido y en el ejército a los combatientes históricos de la guerra de independencia y contra la supremacía blanca. Aun así allá prevaleció el sentido común, la necesidad de restaurar la economía, y el imperativo de deshacerse de las sanciones internacionales y del aislamiento impuesto por la terquedad de la pareja, señalada por organismos nacionales e internacionales de violar sistemáticamente los derechos humanos y de cometer crímenes contra la  humanidad.

Hoy se encuentra reunido el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Se hablará de Nicaragua, y ojalá que en el país prevalezca la sensatez para que en vez de seguir el ejemplo de Zimbabue, lo que queda del partido histórico y del ejército le digan a la pareja que es tiempo de irse. Nicaragua ya es un campo de concentración, no la hagan caer además en una cuarentena internacional. No sería bueno ni para ustedes.

Nota: el artículo fue publicado en el diario La Prensa el 12 de septiembre de 2018.


11 de agosto de 2018

La Masacre, la Corte y los Bufones


La Masacre, la Corte y los Bufones


(Artículo de opinión enviado a un diario nacional como complemento de los anteriores sobre al situación coyuntural en Nicaragua)

En el ejercicio del gobierno devaluado que aún queda de la pareja Ortega-Murillo, y desde que regresaron al poder, no importa el derecho, la ley, la justicia y la verdad, mucho menos la moral. Esos son conceptos que se complementan en un Estado de Derecho donde los contenidos de la ley y el respeto a la misma evolucionan de manera natural, como en cualquier sociedad sana, aunque no exista sociedad perfecta. Pero hay unas mejores que otras, como ésas hacia donde se desplazan los nicaragüenses para ponerse a salvo de la masacre y de la furibunda persecución desatadas por oponerse al régimen.

Sociedad sana es la que evoluciona hacia su futuro porque ha desarrollado instituciones públicas y privadas legítimas, libres, deliberativas y sólidas. Lo contrario es la regresión que nos ha llevado a la rebelión para cambiar un régimen autocrático, falso, corrupto y plagado de mentiras, y para trazar la ruta hacia un Estado de Derecho. De ahí a que desde El Carmen se le llame conspiración golpista y satánica al derecho legítimo de rebelión es descabellado, aunque no para los creyentes. Perseguir, encarcelar y matar a los que se rebelan por querer construir una sociedad sana bien puede ser inspiración del triple seis del Apocalipsis. Pero si en el libro la Bestia fue vencida por legiones cósmicas del bien, aquí en la tierra ha sido vencida por legiones de jóvenes libres.

Porque la veo envejecida, decadente, moviendo la cabeza de manera incesante, dando saltos, atacando con virulencia a quien se le opone. En su cara, cuello y manos se arruga la piel, el cuerpo consumido por la angustia de ser la madre de todos. ¡Qué desgaste tener tantos hijos ingratos! En rescate de su antigua juventud ofrece sangre en el altar de sus deidades; y entregó en su momento a la primogénita en vana ilusión de potestades perdidas. Tres veces seis es el número de la Bestia conocida desde tiempos lejanos, seductora de ilusiones que se desvanecen: el poder, el poder, el poder.




Por nuestra tragedia, esa que va más allá de la de los griegos antiguos, los bufones ya no entretienen a la corte en El Carmen, salvo uno quizás, que obedeciendo órdenes de mentir, hace de hazmerreír en el mundo entero. Los otrora bufones han sido proscritos de la corte colapsada. Ya no hacen reír a la pareja real, pero continúan en silencio y sin vergüenza alguna cobrando los sueldos pagados con la sangre de los sacrificados.

Y como cada quien se expresa según su historia todo incluido y nadie escapa a esa máxima, desprecio a los cínicos, a los mentirosos y a los bufones de corte que desde un Estado Criminal pretenden hacernos creer que vivimos en una sociedad feliz.


Nota: una versión revisada del artículo fue publicado el 25/08/2018 de 2018 en el diario La Prensa con el título "Nicaragua no está sola". 

30 de julio de 2018

¿Es Cómplice el Ejército?



¿Es Cómplice el Ejército de Nicaragua en la Violación 

de los Derechos Humanos?



(Artículo de opinión enviado a un diario nacional como seguimiento al de la entrada anterior)


Al final de mi artículo publicado el 26 de julio sobre la violenta represión del régimen contra la población, formulé la pregunta si el Ejército es cómplice de la violación de los Derechos Humanos (DD.HH.) en el país. La pegunta no es retórica, no tenía la respuesta.

Daniel (el Presidente de la República) no ha cumplido y se rehúsa a cumplir con su obligación de respetar y hacer respetar la Constitución y los convenios internacionales sobre DD.HH. Esa obligación va dirigida también a sus subalternos, entre ellos la Policía y el Ejército.

Las reformas constitucionales y a las leyes de esas dos instituciones armadas para que Daniel detente el poder absoluto, han sido hechas con la complicidad de los magistrados constitucionales de la Corte Suprema de Justicia y de los diputados en la Asamblea Nacional, sus subalternos de hecho.

Entre esos subalternos cómplices están también la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Ministerio Público.  Las turbas, las fuerzas de choque motorizadas y los parapoliciales, invariablemente protegidos por la Policía Nacional, son igualmente subordinados de hecho de Daniel.

Aquí el Ejército no entra. Ha sido por medio de un miembro del clan familiar que Daniel ha dado la orden a la Policía y sus parapoliciales de reprimir, intimidar, perseguir, detener, secuestrar,  denigrar y eliminar a quien se le oponga. La Fiscalía General y el Poder Judicial son cooperadores necesarios de estos crímenes.

Si Daniel ha pretendido sugerir al Ejército que eventualmente debe reprimir al pueblo para mantenerse en el poder, no lo sabemos, es secreto de Estado. Pero el Ejército ha expresado públicamente que no lo hará. ¿Por qué? ¿Para dar seguridades a la población y a los Estados Unidos que no apoyará a la Policía en sus desmanes y evitar sanciones?




En el Ejército conocen bien las consecuencias del desplome de la economía en los sueldos de sus filas y en sus inversiones nacionales y en el exterior para pagar las pensiones de retiro. Y es también secreto de Estado lo que expresa el Ejército en el Sistema Nacional de Seguridad Soberana, del que es la Secretaría Ejecutiva por medio de la Dirección General para la Defensa. Daniel es el coordinador del sistema y la Policía es también miembro, entre otras instituciones subalternas. En síntesis, en el Ejército lo saben todo y saben que los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Policía y por los parapoliciales no prescriben, y que son perseguibles aún fuera de Nicaragua. Esos son los crímenes que ha provocado el éxodo de los jóvenes para salvar la vida.

El Ejército no ha participado en los crímenes de lesa humanidad, y es la única institución del Estado que puede influir en Daniel para que pare la represión y acceda a adelantar las elecciones. ¿Es cómplice el Ejército de la violación de los DD.HH. en Nicaragua? Moralmente.

Nota: este artículo fue publicado en el diario La Prensa el 2 de agosto de 2018.

23 de julio de 2018

La OEA, el Ejército y la Ley



La OEA, el Ejército de Nicaragua y la Ley


(Artículo de opinión enviado a un diario nacional para su publicación)

Por conocer los foros internacionales y el lenguaje que se utiliza en ellos, con vergüenza ajena vi y escuché la sesión del Consejo Permanente de la OEA del 18 de julio sobre la situación en Nicaragua. Con insistencia el Ministro de Relaciones Exteriores pretendió imponer como verdad las alucinaciones del régimen. Solo la delegada de Venezuela repitió con las mismas palabras la cantaleta sobre la conspiración terrorista para derrocar el gobierno de la pareja Ortega-Murillo.

Bolivia, por su parte, retiró la propuesta que pretendía neutralizar la condena al Gobierno de Nicaragua –por la brutal violación de los derechos humanos– cuando constató que no sería apoyada ni por los Estados insulares de Petrocaribe. Prudentemente también, Bolivia se retiró de la sala para no votar con Venezuela contra la resolución de condena, y no exponerse así a las consecuencias internas e internacionales de ese voto. La abstención tampoco habría sido opción frente a sus aliados en la OEA, Nicaragua y Venezuela.

La veracidad de las atrocidades de la pareja es conocida por los gobiernos de la región y fuera de ella. Tienen embajadas en Managua, que es su fuente primaria de información, y la OEA, aunque esté integrada por países de la región, tiene también como observadores permanentes a Estados que también tienen legaciones diplomáticas en Washington, D.C., sede de la organización.

La resolución de condena por tanto fue aprobada de manera abrumadora y es vinculante. Per contra, la resolución de expiación del gobierno propuesta por el representante de Nicaragua fue rechazada de manera superlativa.

La resolución de censura, entre otros temas, condenó todos los actos de violencia, represión, violaciones de derechos humanos y abusos contra el pueblo de Nicaragua, incluyendo los de la policía y grupos parapoliciales, agregando que se debe proceder a identificar y procesar judicialmente a los responsables. Que el Gobierno de Nicaragua no cumplirá con la resolución se desprende del discurso de Daniel Ortega el 19 de julio.

En la Comandancia del Ejército se conoce muy bien quiénes son esos parapoliciales, quién los recluta, los coordina, los arma, los dirige y les paga. Para eso está la Dirección de Información para la Defensa. 

Es una obligación constitucional del Presidente de la República cumplir con la Constitución y con las leyes, así como hacer que sus subordinados también las cumplan, como son el Jefe de la Policía y el Jefe del Ejército. Es también disposición constitucional que el Estado de Nicaragua debe promover la preeminencia de los Derechos Humanos en el país, los contenidos en los convenios internacionales identificados en la misma Constitución.




Y en el Código Militar se expresa que el Ejército se regirá con apego a la Constitución Política, las leyes y los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos. El Ejército entonces como institución del Estado, ¿es cómplice de la violación de los Derechos Humanos en Nicaragua por omisión

Nota: este artículo fue publicado en el diario La Prensa el 26 de julio de 2018.

2 de julio de 2018

La Mentira como Estrategia y como Táctica




La Mentira como Estrategia y como Táctica del Poder 


(en Nicaragua)


El 27 de diciembre del 2015 publiqué en esta ciberbitácora una entrada llamada La Vergüenza de los Sinvergüenzas, sobre el régimen de la pareja Ortega-Murillo y sus adláteres en Nicaragua. Le siguió otra entrada en consonancia el 20 de mayo de 2016 titulada Vergüenza Ajena en Nicaragua, y a modo de tríada, menos de un mes después, publiqué la entrada De Reptiles y de Serviles, siempre en referencia al régimen político en Nicaragua y sus cómplices. Los dos primeros escritos fueron  publicados en un diario nacional, el tercero no, por muy sarcástico supongo.

Esa tríada bien podría llamarse La Mentira como Estrategia y como Táctica del Poder, puesto que la mentira es la que usa sistemáticamente el régimen Ortega-Murillo como instrumento de desinformación y manipulación para desvirtuar la realidad del rechazo cívico a su gobierno. Hoy más que antes la pareja y sus enviados recurren a la mentira para responsabilizar a los insurrectos de la violencia del régimen, es decir al revés. Es una mentira que ni ellos mismos creen pero que pretenden imponer.

Me refiero aquí específicamente al período de tiempo que inició el 18 abril de este año 2018 y que continúa a la fecha, cuando el hastío de la nación se volcó de manera espontánea contra la falsedad del régimen, y más aún cuando los Ortega-Murillo respondieron a la insurrección cívica generalizada con más y mayor represión, el asesinato  y más mentiras.

Demás está repetir lo expresado en las entradas indicadas. Bastaría ir a ellas para comprender lo previsto ahí y el por qué de lo previsto, pero no podía permanecer en silencio ahora que el pueblo se insurreccionó contra la tiranía de la pareja.



El origen de la mafia política


Hoy la inmensa mayoría de la población desea que los tiranos y su descendencia se vaya del poder y del país por fraudulentos, mafiosos, cínicos y asesinos. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es más que evidente. Basta leer el Resumen Ejecutivo del informe para comprender la magnitud de la brutalidad de los Ortega-Murillo, quienes pretenden mantenerse en el poder a sangre y fuego, desinformando y mintiendo sobre la realidad del repudio a su desgobierno.



El repudio a la pareja



La caída de los símbolos del poder


Un plebiscito para discernir la verdad sobre el rechazo popular al régimen ya se expresa en las calles, y en particular se expresó con el paro nacional del 14 de junio y del 13 de julio, todo documentado en los medios de comunicación independientes y en las redes sociales. Un plebiscito formal realmente libre, transparente y observado reflejaría la veracidad del rechazo a la pareja, pero los del régimen –incluidos los adláteres legislativos– no lo permitirían, menos aun cuando han perdido en el Consejo Electoral a su repartidor mayor de cartas marcadas.

Muerte, destrucción y migración, el ciclo de la historia de Nicaragua y siempre por un individuo que se entroniza en el poder con su familia y la invariable camarilla de oportunistas corruptos y serviles. Todo vale para llegar y mantenerse en el gobierno, pero se manifestó de nuevo el güegüense, ese gran embaucador y rebelde nicaragüense que le hace creer al tirano que está de acuerdo con él por conveniencia, insurreccionándose como pueblo cuando se enciende la chispa. 

Los incondicionales del régimen ya comienzan a caer uno a uno ante la presión nacional e internacional. Los que faltan caerán igualmente cuando el régimen se termine de desintegrar. 

Nota: una versión de este artículo fue publicado en el diario La Prensa el 14/07/2018.