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11 de septiembre de 2018

Una Pareja, su Séquito y la Cuarentena



Una Pareja, su Séquito y la Cuarentena


(Artículo de opinión en función de la coyuntura en Nicaragua)

Entre tanta tragedia nuestra, afortunadamente emergen dentro y fuera del país voces sensatas y valientes que denuncian activamente la barbarie ejercida por los Ortega-Murillo, y su séquito de cómplices, para mantenerse en el poder. Esa denuncia debe continuar. Debe continuar igualmente el repudio a los comprometidos con el régimen con el fin de mantenerlos segregados entre ellos mismos, aislados en su ostracismo, en cuarentena.

Vergüenza no sentirán, al menos en apariencia, pero Nicaragua ya está dividida invariablemente, siendo la inmensa mayoría la que denuncia el desgobierno del dúo que prostituye las instituciones del Estado para aferrarse al poder, como cualquiera pareja de proxenetas.

Algunos del séquito pretenden reciclarse –lavar la imagen– para proteger a su descendencia y los activos acumulados al amparo del poder y de la represión cuando caiga el régimen. Solo con la disociación pública activa ahora, no cuando el dúo vaya de salida, podrán tener una oportunidad de reivindicarse sabiendo que serían tildados de traidores por el aparato represivo que contribuyeron a crear. La cuarentena esta vez vendría de ellos mismos, pero les valdría la pena.


A la pareja y a su séquito el aislamiento los podrá tener sin cuidado mientras tengan fuerzas represivas a su lado, pero ¿y después? En Zimbabue Robert Mugabe recurrió a una brutal represión para no soltar el poder luego de décadas en el mismo; y por no importarle las consecuencias de la violencia desatada ni la destrucción económica del país, pasó de héroe a villano en poco tiempo. Quiso imponer a su esposa como vicepresidente para que se hiciera con el gobierno después de su fallecimiento. No lo logró. Tanto Mugabe como su esposa Grace fueron expulsados del poder en noviembre de 2017 por su propio partido y por el ejército, avalado por el Parlamento. Salvaron a la nación.

En Zimbabue, igual que aquí, Mugabe y su esposa estaban sustituyendo en el partido y en el ejército a los combatientes históricos de la guerra de independencia y contra la supremacía blanca. Aun así allá prevaleció el sentido común, la necesidad de restaurar la economía, y el imperativo de deshacerse de las sanciones internacionales y del aislamiento impuesto por la terquedad de la pareja, señalada por organismos nacionales e internacionales de violar sistemáticamente los derechos humanos y de cometer crímenes contra la  humanidad.

Hoy se encuentra reunido el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Se hablará de Nicaragua, y ojalá que en el país prevalezca la sensatez para que en vez de seguir el ejemplo de Zimbabue, lo que queda del partido histórico y del ejército le digan a la pareja que es tiempo de irse. Nicaragua ya es un campo de concentración, no la hagan caer además en una cuarentena internacional. No sería bueno ni para ustedes.

Nota: el artículo fue publicado en el diario La Prensa el 12 de septiembre de 2018.


11 de agosto de 2018

La Masacre, la Corte y los Bufones


La Masacre, la Corte y los Bufones


(Artículo de opinión enviado a un diario nacional como complemento de los anteriores sobre al situación coyuntural en Nicaragua)

En el ejercicio del gobierno devaluado que aún queda de la pareja Ortega-Murillo, y desde que regresaron al poder, no importa el derecho, la ley, la justicia y la verdad, mucho menos la moral. Esos son conceptos que se complementan en un Estado de Derecho donde los contenidos de la ley y el respeto a la misma evolucionan de manera natural, como en cualquier sociedad sana, aunque no exista sociedad perfecta. Pero hay unas mejores que otras, como ésas hacia donde se desplazan los nicaragüenses para ponerse a salvo de la masacre y de la furibunda persecución desatadas por oponerse al régimen.

Sociedad sana es la que evoluciona hacia su futuro porque ha desarrollado instituciones públicas y privadas legítimas, libres, deliberativas y sólidas. Lo contrario es la regresión que nos ha llevado a la rebelión para cambiar un régimen autocrático, falso, corrupto y plagado de mentiras, y para trazar la ruta hacia un Estado de Derecho. De ahí a que desde El Carmen se le llame conspiración golpista y satánica al derecho legítimo de rebelión es descabellado, aunque no para los creyentes. Perseguir, encarcelar y matar a los que se rebelan por querer construir una sociedad sana bien puede ser inspiración del triple seis del Apocalipsis. Pero si en el libro la Bestia fue vencida por legiones cósmicas del bien, aquí en la tierra ha sido vencida por legiones de jóvenes libres.

Porque la veo envejecida, decadente, moviendo la cabeza de manera incesante, dando saltos, atacando con virulencia a quien se le opone. En su cara, cuello y manos se arruga la piel, el cuerpo consumido por la angustia de ser la madre de todos. ¡Qué desgaste tener tantos hijos ingratos! En rescate de su antigua juventud ofrece sangre en el altar de sus deidades; y entregó en su momento a la primogénita en vana ilusión de potestades perdidas. Tres veces seis es el número de la Bestia conocida desde tiempos lejanos, seductora de ilusiones que se desvanecen: el poder, el poder, el poder.




Por nuestra tragedia, esa que va más allá de la de los griegos antiguos, los bufones ya no entretienen a la corte en El Carmen, salvo uno quizás, que obedeciendo órdenes de mentir, hace de hazmerreír en el mundo entero. Los otrora bufones han sido proscritos de la corte colapsada. Ya no hacen reír a la pareja real, pero continúan en silencio y sin vergüenza alguna cobrando los sueldos pagados con la sangre de los sacrificados.

Y como cada quien se expresa según su historia todo incluido y nadie escapa a esa máxima, desprecio a los cínicos, a los mentirosos y a los bufones de corte que desde un Estado Criminal pretenden hacernos creer que vivimos en una sociedad feliz.


Nota: una versión revisada del artículo fue publicado el 25/08/2018 de 2018 en el diario La Prensa con el título "Nicaragua no está sola". 

30 de julio de 2018

¿Es Cómplice el Ejército?



¿Es Cómplice el Ejército de Nicaragua en la Violación 

de los Derechos Humanos?



(Artículo de opinión enviado a un diario nacional como seguimiento al de la entrada anterior)


Al final de mi artículo publicado el 26 de julio sobre la violenta represión del régimen contra la población, formulé la pregunta si el Ejército es cómplice de la violación de los Derechos Humanos (DD.HH.) en el país. La pegunta no es retórica, no tenía la respuesta.

Daniel (el Presidente de la República) no ha cumplido y se rehúsa a cumplir con su obligación de respetar y hacer respetar la Constitución y los convenios internacionales sobre DD.HH. Esa obligación va dirigida también a sus subalternos, entre ellos la Policía y el Ejército.

Las reformas constitucionales y a las leyes de esas dos instituciones armadas para que Daniel detente el poder absoluto, han sido hechas con la complicidad de los magistrados constitucionales de la Corte Suprema de Justicia y de los diputados en la Asamblea Nacional, sus subalternos de hecho.

Entre esos subalternos cómplices están también la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Ministerio Público.  Las turbas, las fuerzas de choque motorizadas y los parapoliciales, invariablemente protegidos por la Policía Nacional, son igualmente subordinados de hecho de Daniel.

Aquí el Ejército no entra. Ha sido por medio de un miembro del clan familiar que Daniel ha dado la orden a la Policía y sus parapoliciales de reprimir, intimidar, perseguir, detener, secuestrar,  denigrar y eliminar a quien se le oponga. La Fiscalía General y el Poder Judicial son cooperadores necesarios de estos crímenes.

Si Daniel ha pretendido sugerir al Ejército que eventualmente debe reprimir al pueblo para mantenerse en el poder, no lo sabemos, es secreto de Estado. Pero el Ejército ha expresado públicamente que no lo hará. ¿Por qué? ¿Para dar seguridades a la población y a los Estados Unidos que no apoyará a la Policía en sus desmanes y evitar sanciones?




En el Ejército conocen bien las consecuencias del desplome de la economía en los sueldos de sus filas y en sus inversiones nacionales y en el exterior para pagar las pensiones de retiro. Y es también secreto de Estado lo que expresa el Ejército en el Sistema Nacional de Seguridad Soberana, del que es la Secretaría Ejecutiva por medio de la Dirección General para la Defensa. Daniel es el coordinador del sistema y la Policía es también miembro, entre otras instituciones subalternas. En síntesis, en el Ejército lo saben todo y saben que los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Policía y por los parapoliciales no prescriben, y que son perseguibles aún fuera de Nicaragua. Esos son los crímenes que ha provocado el éxodo de los jóvenes para salvar la vida.

El Ejército no ha participado en los crímenes de lesa humanidad, y es la única institución del Estado que puede influir en Daniel para que pare la represión y acceda a adelantar las elecciones. ¿Es cómplice el Ejército de la violación de los DD.HH. en Nicaragua? Moralmente.

Nota: este artículo fue publicado en el diario La Prensa el 2 de agosto de 2018.

23 de julio de 2018

La OEA, el Ejército y la Ley



La OEA, el Ejército de Nicaragua y la Ley


(Artículo de opinión enviado a un diario nacional para su publicación)

Por conocer los foros internacionales y el lenguaje que se utiliza en ellos, con vergüenza ajena vi y escuché la sesión del Consejo Permanente de la OEA del 18 de julio sobre la situación en Nicaragua. Con insistencia el Ministro de Relaciones Exteriores pretendió imponer como verdad las alucinaciones del régimen. Solo la delegada de Venezuela repitió con las mismas palabras la cantaleta sobre la conspiración terrorista para derrocar el gobierno de la pareja Ortega-Murillo.

Bolivia, por su parte, retiró la propuesta que pretendía neutralizar la condena al Gobierno de Nicaragua –por la brutal violación de los derechos humanos– cuando constató que no sería apoyada ni por los Estados insulares de Petrocaribe. Prudentemente también, Bolivia se retiró de la sala para no votar con Venezuela contra la resolución de condena, y no exponerse así a las consecuencias internas e internacionales de ese voto. La abstención tampoco habría sido opción frente a sus aliados en la OEA, Nicaragua y Venezuela.

La veracidad de las atrocidades de la pareja es conocida por los gobiernos de la región y fuera de ella. Tienen embajadas en Managua, que es su fuente primaria de información, y la OEA, aunque esté integrada por países de la región, tiene también como observadores permanentes a Estados que también tienen legaciones diplomáticas en Washington, D.C., sede de la organización.

La resolución de condena por tanto fue aprobada de manera abrumadora y es vinculante. Per contra, la resolución de expiación del gobierno propuesta por el representante de Nicaragua fue rechazada de manera superlativa.

La resolución de censura, entre otros temas, condenó todos los actos de violencia, represión, violaciones de derechos humanos y abusos contra el pueblo de Nicaragua, incluyendo los de la policía y grupos parapoliciales, agregando que se debe proceder a identificar y procesar judicialmente a los responsables. Que el Gobierno de Nicaragua no cumplirá con la resolución se desprende del discurso de Daniel Ortega el 19 de julio.

En la Comandancia del Ejército se conoce muy bien quiénes son esos parapoliciales, quién los recluta, los coordina, los arma, los dirige y les paga. Para eso está la Dirección de Información para la Defensa. 

Es una obligación constitucional del Presidente de la República cumplir con la Constitución y con las leyes, así como hacer que sus subordinados también las cumplan, como son el Jefe de la Policía y el Jefe del Ejército. Es también disposición constitucional que el Estado de Nicaragua debe promover la preeminencia de los Derechos Humanos en el país, los contenidos en los convenios internacionales identificados en la misma Constitución.




Y en el Código Militar se expresa que el Ejército se regirá con apego a la Constitución Política, las leyes y los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos. El Ejército entonces como institución del Estado, ¿es cómplice de la violación de los Derechos Humanos en Nicaragua por omisión

Nota: este artículo fue publicado en el diario La Prensa el 26 de julio de 2018.

2 de julio de 2018

La Mentira como Estrategia y como Táctica




La Mentira como Estrategia y como Táctica del Poder 


(en Nicaragua)


El 27 de diciembre del 2015 publiqué en esta ciberbitácora una entrada llamada La Vergüenza de los Sinvergüenzas, sobre el régimen de la pareja Ortega-Murillo y sus adláteres en Nicaragua. Le siguió otra entrada en consonancia el 20 de mayo de 2016 titulada Vergüenza Ajena en Nicaragua, y a modo de tríada, menos de un mes después, publiqué la entrada De Reptiles y de Serviles, siempre en referencia al régimen político en Nicaragua y sus cómplices. Los dos primeros escritos fueron  publicados en un diario nacional, el tercero no, por muy sarcástico supongo.

Esa tríada bien podría llamarse La Mentira como Estrategia y como Táctica del Poder, puesto que la mentira es la que usa sistemáticamente el régimen Ortega-Murillo como instrumento de desinformación y manipulación para desvirtuar la realidad del rechazo cívico a su gobierno. Hoy más que antes la pareja y sus enviados recurren a la mentira para responsabilizar a los insurrectos de la violencia del régimen, es decir al revés. Es una mentira que ni ellos mismos creen pero que pretenden imponer.

Me refiero aquí específicamente al período de tiempo que inició el 18 abril de este año 2018 y que continúa a la fecha, cuando el hastío de la nación se volcó de manera espontánea contra la falsedad del régimen, y más aún cuando los Ortega-Murillo respondieron a la insurrección cívica generalizada con más y mayor represión, el asesinato  y más mentiras.

Demás está repetir lo expresado en las entradas indicadas. Bastaría ir a ellas para comprender lo previsto ahí y el por qué de lo previsto, pero no podía permanecer en silencio ahora que el pueblo se insurreccionó contra la tiranía de la pareja.



El origen de la mafia política


Hoy la inmensa mayoría de la población desea que los tiranos y su descendencia se vaya del poder y del país por fraudulentos, mafiosos, cínicos y asesinos. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es más que evidente. Basta leer el Resumen Ejecutivo del informe para comprender la magnitud de la brutalidad de los Ortega-Murillo, quienes pretenden mantenerse en el poder a sangre y fuego, desinformando y mintiendo sobre la realidad del repudio a su desgobierno.



El repudio a la pareja



La caída de los símbolos del poder


Un plebiscito para discernir la verdad sobre el rechazo popular al régimen ya se expresa en las calles, y en particular se expresó con el paro nacional del 14 de junio y del 13 de julio, todo documentado en los medios de comunicación independientes y en las redes sociales. Un plebiscito formal realmente libre, transparente y observado reflejaría la veracidad del rechazo a la pareja, pero los del régimen –incluidos los adláteres legislativos– no lo permitirían, menos aun cuando han perdido en el Consejo Electoral a su repartidor mayor de cartas marcadas.

Muerte, destrucción y migración, el ciclo de la historia de Nicaragua y siempre por un individuo que se entroniza en el poder con su familia y la invariable camarilla de oportunistas corruptos y serviles. Todo vale para llegar y mantenerse en el gobierno, pero se manifestó de nuevo el güegüense, ese gran embaucador y rebelde nicaragüense que le hace creer al tirano que está de acuerdo con él por conveniencia, insurreccionándose como pueblo cuando se enciende la chispa. 

Los incondicionales del régimen ya comienzan a caer uno a uno ante la presión nacional e internacional. Los que faltan caerán igualmente cuando el régimen se termine de desintegrar. 

Nota: una versión de este artículo fue publicado en el diario La Prensa el 14/07/2018.

28 de junio de 2018

La Ley de Derechos de Autor



La Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de Nicaragua©


Humberto Carrión
Managua, Nicaragua


[El escrito de abajo fue redactado para la Sección de Derecho de la revista digital Temas Nicaragüenses (RTN), y en nuestra opinión constituye una válida introducción a la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de nuestro país]

Los derechos de autor son una categoría de la propiedad intelectual y en la Edición Nº 121 de la RTN se indicó que en otra edición de la revista se abordaría la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de Nicaragua (la Ley). Se hace por tanto ahora para la Edición Nº 123 de julio de 2018, y a modo de introducción a la Ley. 

Lo interesante para los colaboradores de la revista es que aún si en su conjunto e integralidad es de acceso público, los artículos individuales son propiedad de sus autores. Sobre esto ya hubo un debate abierto entre editores y colaboradores de la RTN, y como resultado del mismo, en la sección Licencias y Derechos de Autor de la revista se lee que “el archivo completo de la Revista de Temas Nicaragüenses en formato PDF, MOBI y EPUB puede descargarse desde el sitio web http://www.temasnicas.net/ y guardarse en el disco duro de una computadora para leer, archivar e imprimir una copia para uso personal, o distribución entre amigos, sin solicitar autorización del editor de la Revista de Temas Nicaragüenses”.

Eso significa que la totalidad de cada edición de la revista, de manera integral, puede descargarse para los fines mencionados en la licencia, y que se puede hacer referencia a su sitio web para que cualquier persona o institución acceda a ella y haga la descarga correspondiente. El término “institución” es utilizado aquí en su significado más amplio, aunque en particular me refiero a bibliotecas e instituciones de enseñanza. La licencia de la RTN, sin embargo, deja intactos los derechos de autor de los artículos o ensayos individuales sin necesidad de hacer esta mención en la licencia, puesto que los derechos de autor están contemplados y protegidos en la Ley y los convenios internacionales ratificados por Nicaragua.

Lo que la Ley de Derechos de Autor y los convenios internacionales sí permiten sin la autorización del autor, es la reproducción, por cualquier medio –incluyendo el digital – de un fragmento de texto ajeno, así como la reproducción de obras de carácter plástico o fotográfico, cuando esa reproducción se realice a título de cita, análisis, comentario o juicio crítico, indicando la fuente y el nombre del autor. (Artículo 32 de la Ley). Igualmente está permitida sin autorización del autor para fines académicos la reproducción de artículos publicados, (como en la RTN por ejemplo), o de extractos de una obra, a condición que se efectúe en una institución de enseñanza y no se persiga un fin comercial, citando siempre la fuente y el nombre del autor. (Artículo 33 de la Ley).

Existen en la Ley otras salvedades en que es permitida la reproducción de obras sin el consentimiento del autor, como la reproducción de obras para uso privado de los no videntes si la reproducción se efectúa mediante el Sistema Braille u otro procedimiento, y que las copias no sean de uso lucrativo; o como el caso de las bibliotecas y servicios de archivo que no persigan un fin comercial, ya que se podrán reproducir ejemplares de una obra que forme parte de su colección permanente a fin de conservarla o de reemplazarla, pero un ejemplar único que se ha hecho inutilizable se podrá reproducir solo a condición que no sea posible adquirirlo en un tiempo y condiciones razonables; o como la parodia de una obra divulgada.

La Ley de Derechos de Autor –y de los coautores– de una obra y los convenios o tratados internacionales sobre la materia no solo se refieren a obras literarias o periodísticas reproducidas de manera impresa, digital o narrada (grabadas), sino que en general abarcan también las obras artesanales, científicas y artísticas de distinto orden, los fonogramas, programas audiovisuales, videogramas, los programas de radiodifusión, televisión y la cinematografía, los programas para ordenadores[1] y las bases de datos, así como los derechos conexos de los artistas intérpretes o ejecutantes de obras fijadas (grabadas) como las musicales, ballet, teatro y otras. (Ver los Artículos 13, 14, 15, 16 y 87 de la Ley).

Es por esos derechos conexos de los artistas intérpretes o ejecutantes que la Ley se llama Ley de Derechos Autor y Derechos Conexos. En lo que se refiere al derecho patrimonial[2], los derechos de autor de una persona natural duran toda la vida del creador de la obra y setenta años posteriores a su fallecimiento. En este sentido el autor puede disponer de su obra como cualquier bien y heredarlo. Los derechos conexos, por otro lado, tienen una duración de setenta años; y en lo que respecta a los derechos de autor de una persona jurídica, la duración es igualmente de setenta años.

Una vez transcurridos los periodos de tiempo para ostentar derechos de autor o derechos conexos, las obras pasan a ser de dominio público. No obstante, los derechos morales, que son los de creación, son irrenunciables, inalienables y permanentes. Esto quiere decir que nadie podría legalmente atribuirse la autoría de una obra ajena sin importar el paso del tiempo.

Los derechos de autor fueron originalmente normados en Nicaragua en el Código Civil de 1904 hasta la promulgación de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de 1999[3], reformada y adicionada en el 2006[4] para adecuarla al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos de América y República Dominicana (CAFTA-DR), y a los tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que se mencionan más abajo. Por otro lado el  Reglamento de la Ley es del año 2000, reformado en el 2006 por las mismas razones que la Ley, y se refiere básicamente a asuntos relacionados con el registro de los derechos de autor. Vale la pena insistir sin embargo, en que el registro de esos derechos es solo facultativo puesto que los derechos de autor nacen con la creación de la obra. (Artículo 4 de la Ley).

A modo ilustrativo del alcance del derecho de autor en Nicaragua se reproduce el desglose del Artículo 13 de la Ley, siendo obras protegidas las categorías siguientes:

  • Las obras artísticas artesanales producto del arte popular en sus diversas expresiones y formas.
  • Las obras literarias, ya sean orales como los discursos, alocuciones, sermones, conferencias, alegatos de estrado y las explicaciones de cátedra, o ya escritas como las novelas, cuentos y poemas, comprendiendo también los programas de cómputo.
  • Las composiciones musicales con o sin letra.
  • Las obras dramáticas, las dramático-musicales, las coreográficas, las pantomimas y en general, las obras teatrales.
  • Las obras audiovisuales dentro de las cuales se comprende los videogramas.
  • Las esculturas, pinturas, grabados, fotograbados, litografías, dibujos, las historietas gráficas o cómicas y las obras plásticas en general.
  • Las fotográficas y las producidas por un procedimiento análogo.
  • Las obras de arquitectura y sus proyectos, ensayos, bosquejos, planos, maquetas, bosquejos y diseños de obras de arquitectura.
  • Los gráficos, mapas, diseños y figuras tridimensionales referidos a la geografía y topografía, y en general, a la ciencia.

Como se desprende de lo anterior, las categorías de obras protegidas por el derecho de autor son muy amplias, pero no son objeto de protección las ideas, procedimientos, métodos o conceptos matemáticos. Éstos son considerados patrimonio de la humanidad para el desarrollo de las ciencias sin que la Ley lo diga expresamente. Es curioso que la Ley no mencione de manera específica la física, aunque a nuestro entender la comprende. La química no, puesto que esa es materia de la Ley de Patentes de Invención, la que será abordada en otra oportunidad.

Sin perjuicio de los derechos originarios de autor, también están protegidos por la Ley, por ser consideradas obras independientes o distintas, las que siguen:

  • Las colecciones de obras literarias, artísticas o científicas, tales como las antologías, compilaciones de textos, resoluciones administrativas o judiciales y de otros elementos, comprendidas las bases de datos, que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones intelectuales.
  • Las traducciones, adaptaciones y doblajes.
  • Las revisiones, actualizaciones y anotaciones.
  • Los arreglos musicales.
  • Los compendios, resúmenes y extractos.
  • Cualquier otra creación que resulte de la transformación de una obra original.

Sin embargo no son objeto de protección la Ley las disposiciones gubernativas, proyectos de ley, leyes y reglamentos, actas, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los órganos y organismos públicos, y las traducciones oficiales de los textos anteriores. Las sentencias de los tribunales pueden ser reproducidas por cualquiera luego que lo hayan sido oficialmente, sujetándose el editor al texto auténtico. (Ver los Artículos 14, 15 y 16 de la Ley).

Por lo que se refiere a los convenios o tratados internacionales, la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos se adecuó a los principios del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC). Ese acuerdo abarca distintos temas de propiedad intelectual incluyendo los derechos de autor y derechos conexos, remitiendo como incorporación al ADPIC las disposiciones sustantivas del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.

Los convenios o tratados internacionales sobre la materia ratificados o adheridos por Nicaragua, lo que tiene el mismo efecto, son los siguientes, que no se contradicen con la Ley y la complementan, aún si algunos de esos instrumentos ya han sido superados:

  • Convención Interamericana (OEA) sobre el Derecho de Autor en Obras Literarias, Científicas y Artísticas, ratificada en 1950.
  • Convención Universal de Derechos de Autor (UNESCO), ratificada en 1961.
  • Convención de Roma de la de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para la Protección de los Artistas, Intérpretes, Ejecutantes o Productores de Fonogramas y Organismos de Radiodifusión, adherida en el 2000.
  • Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (administrado por OMPI), adherido en el 2000.
  • Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, adherido en el 2002.
  • Convenio de Ginebra para la Protección de los Productores de Fonogramas Contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas (administrado conjuntamente por la OMPI, OIT y UNESCO), adherido en el 2002.
  • Tratado OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, adherido en el 2002.

Como conclusión de esta introducción a los derechos de autor y su protección, aunque no estén registrados en Nicaragua, se debe tomar en cuenta la libertad del comercio internacional –con sus características y limitaciones–, establecida en la Organización Mundial del Comercio (OMC), y la protección a los derechos de autor contemplados en los convenios y tratados internacionales ratificados por Nicaragua.

Para acceder a los textos de los convenios y tratados internacionales identificados en esta introducción, basta introducir su nombre en un buscador en línea.

Los textos a la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de Nicaragua y su reforma, y el Reglamento de la Ley y su reforma, se acceden vía los vínculos introducidos en este artículo.


________________________________________
[1] Los circuitos integrados son considerados propiedad intelectual en conformidad con los tratados internacionales, y en Nicaragua son motivo de una ley especial llamada Ley de Protección a los Esquemas de Trazado de los Circuitos Integrados, publicada en la Gaceta N° 22 del 1° de febrero del 2000.
[2] El derecho de autor comprende los derechos patrimoniales y morales. (Artículo 18 de la Ley).
[3] La Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos fue publicada en las Gacetas No. 166 y 167 del 31 de agosto y del 1° de septiembre de 1999.
[4] Las reformas y adiciones a la Ley fueron publicadas en la Gaceta N° 60 del 24 de marzo del 2006.

28 de marzo de 2018

Ley de Marcas y Otros Signos




Introducción a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivosde Nicaragua ©



Humberto Carrión
Asesores Legales CVR
humcarri@legalcvr.com


Un miembro del Comité Editorial de la revista digital Temas Nicaragüenses, en la que se publicó originalmente este artículo, sugirió que se hiciera una relación de leyes de Nicaragua sobre propiedad intelectual para conocimiento de los lectores. En esta ocasión se introduce la Ley Nº 380 de Marcas y Otros Signos Distintivos, aclarando que las marcas pueden ser de productos o de servicios. [1]


Esta relación no pretende abarcar la ley como tal puesto que en lugar de una introducción sería un extenso ensayo sobre la misma, cosa que ya se ha hecho académicamente en otros medios. 

Inicio haciendo referencia a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) establecida en 1967, perteneciente al grupo de organizaciones de las Naciones Unidas, a la que Nicaragua se adhirió en 1985 y cuenta con 191 Estados Miembros hasta la fecha, es decir prácticamente la totalidad de los países del planeta.[2]

La OMPI es una organización especializada que promueve, patrocina y administra tratados y convenios internacionales sobre propiedad intelectual. Nicaragua no es parte de todos los instrumentos OMPI, aunque se adhiere a los principios generales de la organización, cuya misión es llevar la iniciativa en el desarrollo de un sistema internacional de propiedad intelectual equilibrado y eficaz, que permita la innovación y la creatividad en beneficio de productores y consumidores.[3]

El término propiedad intelectual es genérico y se refiere tanto a la propiedad relacionada con los derechos de autor y los derechos conexos como a la llamada propiedad industrial. La propiedad intelectual en sentido amplio se refiere a las creaciones de la mente humana. La propiedad industrial, de manera específica, abarca las marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad relacionados con las invenciones, los diseños industriales y las indicaciones geográficas.[4]

Una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra, y son derechos de propiedad de su creador protegidos por leyes nacionales y convenios internacionales. Hoy las marcas pueden consistir en una palabra o una combinación de palabras, letras y cifras. Pueden consistir asimismo en dibujos, símbolos, características tridimensionales como la forma y el embalaje de los productos, signos no visibles como sonidos o fragancias, o tonos de color utilizados como características distintivas.[5]

En ese sentido la industrialización ha tenido con el paso del tiempo una evolución constante a causa de los cambios tecnológicos, cada vez más novedosos, lo que ha provocado que las empresas se adapten a los mismos así como los productos ofrecidos al mercado. Esto igualmente ha creado la necesidad de reformar el sistema jurídico internacional sobre la propiedad industrial, con el fin de garantizar la seguridad jurídica en el tráfico económico de bienes y servicios a nivel mundial.[6]

La protección legal de las marcas es indispensable para el buen funcionamiento de una economía abierta, especialmente en casos en que la economía del país se apoya considerablemente en el comercio regional e internacional de productos y de servicios. Una legislación adecuada sobre marcas protegerá a los empresarios nacionales y extranjeros contra los actos de competencia desleal y de apropiación ilícita de sus marcas, protegiendo al mismo tiempo al público contra el riesgo de confusión, error o engaño.[7]

La primera ley de marcas de Nicaragua como república independiente dató de 1907, la que tuvo distintas reformas hasta que fue sustituida por el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial de 1968, que entró en vigencia en 1976 como instrumento de la integración económica de la región. Este instrumento fue modificado en 1996 por Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, y fue denunciado (derogado) y sustituido en Nicaragua por la Ley N° 380 de Marcas y Otros Signos Distintivos de 2001.

En 1934 Nicaragua aprobó la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, que no se contradice con la Ley N° 380 aunque ya ha sido superada internacionalmente, así como ha ratificado otros instrumentos internacionales vigentes como el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial,  de 1883, con sus posteriores revisiones y modificaciones hasta 1979, al que Nicaragua se adhirió en 1996. El Convenio de París cuenta actualmente con 177 Estados Miembros.[8]





Concentrándonos en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de  2001, que fue adecuada a las exigencias de los compromisos internacionales de Nicaragua sobre la materia a esa fecha, la exposición de motivos de la iniciativa de ley del 18 de noviembre de 1999 es elocuente e ilustrativa, por lo que a continuación se reproduce un extracto de la  misma:

Esta iniciativa de Ley responde a la necesidad de modernizar la base normativa para la protección legal de signos distintivos en el país, adaptándola a los recientes desarrollos normativos a nivel internacional y a los compromisos internacionales asumidos por Nicaragua en esta materia. Estos compromisos emanan, en particular, de darle cumplimiento al Acuerdo firmado entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre los Derechos de Protección de Propiedad Intelectual, firmado el 7 de enero de 1998; el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Nicaragua el 29 de febrero de 1996, que entró en vigencia el 3 de junio de ese año; y del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).[9]
La nueva legislación tendrá el efecto de modernizar el sistema de protección de las marcas de productos y de servicios en el país, además de reconocer formalmente otras figuras novedosas como las marcas de certificación, los rótulos de establecimientos y los emblemas de las empresas. Además, le dará un tratamiento más detallado y completo a instituciones actualmente reconocidas por la legislación vigente, a saber, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y la protección contra la competencia desleal.

Por otro lado, la Ley N° 380 fue reformada y adicionada en el 2006 por la Ley N° 580 en función de los compromisos adquiridos por Nicaragua sobre propiedad intelectual, en el tratado de libre comercio entre Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y los Estados Unidos de América (CAFTA-DR), ratificado por Nicaragua en octubre de 2005.

La Ley N° 380 reformada y adicionada por la Ley N° 580 tiene su respectivo Reglamento, reformado por el Decreto N° 25-2012 en lo que se refiere a las formalidades de registro de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de los productos, y se incluyen los vínculos a los textos indicados, haciendo énfasis en la reforma al artículo 3 de la Ley N° 380 por la Ley N° 580, sobre los signos que pueden constituir marca.

La integración del texto del artículo 3 de la ley de 2001 con la reforma de 2006 expresa que las marcas podrán consistir, entre otros, en palabras o conjuntos de palabras, lemas y frases publicitarias, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas, combinaciones y disposiciones de colores, y en sonidos (sí, sonidos) y otros signos perceptibles como los olores (sí, olores). Podrán asimismo consistir en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes. La marca podrá también estar constituida por una indicación geográfica.

En síntesis, la definición de lo que puede constituir una marca es muy amplio, en conformidad con los acuerdos, convenios y tratados internacionales sobre propiedad intelectual ratificados por Nicaragua. Las marcas deben ser registradas en el  país en conformidad con la ley y su reglamento para tener acceso a su protección. Un caso particular de protección marcaria sin estar registrada en el país es el de las marcas conocidas mundialmente o notoriamente conocidas, como dice la ley.




[1] La Ley N° 380 de Marcas y Otros Signos Distintivos fue publicada en la Gaceta N° 70 del 16 de abril de 2001. Fue reformada y adicionada por la Ley N° 580 publicada en la Gaceta N° 60 del 24 de Marzo de 2006.
[6] Tomado libremente de Vanessa Cortés y Enrique Villagra, “La Trascendencia Jurídica del Uso de la Marca”,  UCA, Managua, junio de 2012, Introducción, y adaptado a los efectos de este artículo. 
[7] Tomado de Mirna Bermúdez, Iris Gámez y Roberto León, “Importancia de La Regulación Jurídica de la Marca según la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley 380 y sus Reformas en Nicaragua, para la Entrada en Vigencia del Tratado de Libre Comercio, DR-CAFTA”, UNAN, León (sin fecha), pág. 7.
[9] El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de la que Nicaragua es Estado Miembro, entró en vigencia en 1995 y fue modificado en el 2005.